El campo de Castilla-La Mancha ha trasladado este martes a Toledo el malestar que acumula por la situación de las explotaciones agrícolas y ganaderas. La movilización, convocada por ASAJA Castilla-La Mancha bajo el lema “Estáis matando al mundo rural”, ha reunido a agricultores y ganaderos procedentes de las cinco provincias y ha dejado una advertencia: las protestas continuarán.
Las cifras de participación difieren según las fuentes. ASAJA ha elevado la asistencia a cerca de 2.000 personas y más de 90 tractores, mientras que la Delegación del Gobierno ha contabilizado 1.500 participantes y 51 tractores. La concentración se ha desarrollado ante la Consejería de Desarrollo Sostenible, con los vehículos agrícolas concentrados en la calle Estenilla.
El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha definido la protesta como el comienzo de un “ciclo de movilizaciones” y ha advertido de que la organización no va a detener las reivindicaciones. La convocatoria cuenta además con el respaldo de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha.
Entre las principales demandas figuran la recuperación de la rentabilidad de las explotaciones, la reducción de los costes de producción, una política de agua que permita mantener e incrementar la capacidad productiva, soluciones a los daños provocados por la fauna silvestre, compensaciones por los perjuicios derivados de incendios y restricciones, menor carga burocrática y una mayor protección frente a las importaciones de terceros países.
El agua, uno de los principales frentes
Uno de los asuntos que ha centrado las críticas de Fresneda es la planificación hidrológica. El presidente de ASAJA ha cuestionado el cuarto ciclo de planificación, correspondiente al periodo 2028-2033, al considerar que las propuestas planteadas pueden limitar la capacidad de Castilla-La Mancha para mantener e incrementar sus regadíos.
El proceso se encuentra actualmente en fase de elaboración. El Ministerio para la Transición Ecológica inició el cuarto ciclo a finales de 2024 y los planes definitivos deberán estar aprobados antes del 31 de diciembre de 2027. Las siete demarcaciones hidrográficas que afectan a Castilla-La Mancha —Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, Guadalquivir, Duero y Ebro— están incluidas en este proceso.
La propia Junta ha convertido el agua en una de sus prioridades para esta negociación. En mayo presentó un centenar de alegaciones a los documentos del cuarto ciclo y posteriormente identificó 37 inversiones e infraestructuras hidráulicas estratégicas para la región. El Ejecutivo autonómico también ha reclamado que se mantengan más allá de 2027 los derechos de uso de agua vinculados al Alto Guadiana.
Por tanto, la protesta de ASAJA se produce en pleno proceso de negociación de una planificación que tendrá consecuencias sobre la disponibilidad futura del agua para los distintos usos, entre ellos el agrícola.
El conflicto por el dinero de la futura PAC
Otro de los frentes que ha llevado a los agricultores a Toledo es el diseño de la PAC 2028-2034. ASAJA Castilla-La Mancha rechaza que los pagos directos a agricultores y ganaderos puedan utilizarse para financiar políticas de desarrollo rural y reclama que ambos ámbitos mantengan recursos diferenciados.
La organización considera que las ayudas directas deben permanecer vinculadas a quienes mantienen la actividad productiva.
La posición de ASAJA llega en un momento especialmente relevante porque la futura PAC está todavía en negociación. El Gobierno regional ha defendido una PAC con financiación suficiente, el mantenimiento del apoyo a la renta y recursos específicos para desarrollo rural. En agosto, la Junta y las organizaciones agrarias —incluida ASAJA— consensuaron una posición común que incluye reforzar la figura del agricultor activo, garantizar recursos para la rentabilidad de las explotaciones y reservar un papel específico al relevo generacional.
La Junta sostiene además que el desarrollo rural es una herramienta fundamental contra la despoblación y reclama que la futura PAC mantenga un Pilar II con financiación suficiente. Según el Ejecutivo autonómico, los programas LEADER han movilizado 270 millones de euros entre 2014 y 2027 en Castilla-La Mancha.
El desencuentro, por tanto, no se refiere a la necesidad de financiar el medio rural, sino a qué fondos deben soportar ese gasto y hasta qué punto pueden detraerse recursos de los pagos vinculados directamente a la actividad agraria.
Los conejos, un problema reconocido por la propia Junta
La sobrepoblación de conejo de monte ha sido otro de los asuntos centrales de la protesta. ASAJA reclama medidas más eficaces para evitar que los daños sobre los cultivos recaigan sobre las explotaciones.
La dimensión del problema queda reflejada en una reciente norma de la propia Junta. La Orden 122/2026, publicada en agosto, reconoce un incremento significativo de las poblaciones de conejo y señala que la sobreabundancia ha provocado daños persistentes y generalizados en los cultivos agrícolas. La Administración ha establecido una línea de ayudas para financiar inversiones preventivas en parcelas situadas en comarcas declaradas de emergencia cinegética.
ASAJA considera, sin embargo, que las medidas deben ir más allá de la prevención y reclama soluciones para que los agricultores puedan continuar produciendo sin asumir unas pérdidas que atribuye al crecimiento de la fauna silvestre.
Incendios y restricciones a la cosecha
La prevención de incendios constituye otro de los puntos de fricción. Los agricultores han reclamado que las restricciones aplicadas durante las épocas de mayor riesgo sean compatibles con los trabajos agrícolas, especialmente con las campañas de recolección.
En este ámbito, la Junta y las organizaciones agrarias alcanzaron la pasada semana un acuerdo para modificar algunas de las condiciones preventivas: se ha elevado de 5 a 20 hectáreas la superficie mínima a partir de la cual se aplican determinadas restricciones de 400 metros y se ha acordado una franja de seguridad de 10 metros sin cultivar junto a las zonas forestales, que podrá mantenerse con tierra desnuda o mediante la plantación de girasol.
El acuerdo no ha evitado, sin embargo, que ASAJA mantenga entre sus reivindicaciones la necesidad de compatibilizar la prevención de incendios con el calendario de cosechas y de establecer compensaciones adecuadas por los daños y pérdidas derivados de incendios y restricciones.
Costes de producción y gasóleo
El malestar del sector también tiene una dimensión económica. ASAJA viene denunciando el incremento de los costes de producción y, especialmente, del combustible agrícola. La organización sostiene que la prórroga de la ayuda extraordinaria al gasóleo, con una bonificación de 20 céntimos por litro, resulta insuficiente ante la escalada de los precios.
En el caso del cereal de secano, ASAJA ha calculado que el coste de producir una hectárea habría pasado de 630,75 a 766,93 euros en un año, un incremento del 21,6%. La organización sitúa además en el 51% la subida del gasóleo y en el 20% la del abonado, mientras que el precio percibido por el trigo habría aumentado un 14%.
La diferencia entre el crecimiento de los costes y el precio obtenido por las producciones constituye, para la organización agraria, uno de los principales problemas de rentabilidad que explican la movilización.
Críticas a la competencia de terceros países
ASAJA ha incorporado asimismo a sus reivindicaciones la entrada de productos agrícolas procedentes de terceros países. Fresneda ha alertado del riesgo que, a juicio de la organización, supone para consumidores y productores competir con alimentos que no estarían sometidos a los mismos estándares europeos en materia de seguridad alimentaria, bienestar animal o protección medioambiental.
La organización reclama que la política comercial tenga en cuenta las condiciones en las que producen los agricultores europeos y que se garantice el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, otra de las reivindicaciones planteadas durante la protesta.
ASAJA anuncia que las movilizaciones continuarán
La concentración de Toledo no se plantea por tanto como una protesta aislada. La organización agraria la ha presentado como el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones en torno a un conjunto de problemas que afectan a la rentabilidad y a las condiciones de producción del campo regional.
Fresneda ha asegurado que ASAJA está dispuesta a negociar con las administraciones, pero ha reclamado resultados en materias como agua, incendios, fauna, costes de producción y cadena alimentaria. La protesta coincide además con la recta final de la negociación de la futura PAC y con el proceso de elaboración del cuarto ciclo de planificación hidrológica, dos cuestiones que marcarán las condiciones en las que agricultores y ganaderos desarrollarán su actividad durante los próximos años.