El PSOE ha optado por apartar de sus candidaturas a las elecciones generales del 29 de noviembre a los cuatro diputados socialistas que declaraban un mayor patrimonio inmobiliario, en una decisión que evidencia hasta qué punto la vivienda se ha convertido en un terreno políticamente sensible para Pedro Sánchez. La maniobra, adelantada por ElEconomista, afecta a parlamentarios que sumaban 34 inmuebles en sus declaraciones de bienes.
La decisión adquiere especial relevancia después de que Sánchez haya convertido el acceso a la vivienda en uno de los principales ejes políticos de los socialistas ante las elecciones del 29-N. El presidente ha situado el problema del alquiler, los desahucios y la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda en el centro de su discurso, especialmente después del rechazo en el Congreso de los dos decretos impulsados por el Gobierno.
En este contexto, la presencia en las listas de parlamentarios con un elevado número de propiedades podía ofrecer un flanco político evidente a sus adversarios. El PSOE ha optado por cerrarlo antes de que comience formalmente la campaña.
34 inmuebles que dejan de estar en las listas
Los cuatro diputados señalados son Mercè Perea, del PSC, que declara 13 viviendas; Diego Taibo, del PSOE gallego, con nueve; y Pepe Mercadal y Joaquín Martínez Salmerón, con seis inmuebles cada uno. Entre los cuatro suman 34 propiedades, según las declaraciones de bienes analizadas por El Economista.
La decisión adquiere especial relevancia después de que Sánchez haya convertido el acceso a la vivienda en uno de los principales ejes políticos de los socialistas ante las elecciones del 29-N. El presidente ha situado el problema del alquiler, los desahucios y la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda en el centro de su discurso, especialmente después del rechazo en el Congreso de los dos decretos impulsados por el Gobierno.
En este contexto, la presencia en las listas de parlamentarios con un elevado número de propiedades podía ofrecer un flanco político evidente a sus adversarios. El PSOE ha optado por cerrarlo antes de que comience formalmente la campaña.
34 inmuebles que dejan de estar en las listas
Los cuatro diputados señalados son Mercè Perea, del PSC, que declara 13 viviendas; Diego Taibo, del PSOE gallego, con nueve; y Pepe Mercadal, de Baleres y Joaquín Martínez Salmerón, de Murcia, con seis inmuebles cada uno. Entre los cuatro suman 34 propiedades, según las declaraciones de bienes analizadas por El Economista.
El caso de Perea resulta especialmente significativo. Sus 13 viviendas la situaban como una de las parlamentarias con mayor patrimonio inmobiliario del Congreso. Nueve de ellas procedían de una donación realizada en 2010, una circunstancia que muestra también que el número de propiedades, por sí solo, no permite conocer ni el origen ni el uso de los inmuebles.
Taibo presenta otra particularidad: había llegado al Congreso apenas unas semanas antes de la configuración de las nuevas candidaturas y declaraba nueve viviendas. Su salida de las listas resulta, por tanto, especialmente llamativa desde el punto de vista político. Mercadal, por su parte, dispone de seis inmuebles, cinco de ellos en régimen de multipropiedad, mientras que Martínez Salmerón declara otros seis, tres de ellos vinculados a su despacho profesional.
La paradoja de la vivienda en el PSOE
La operación contiene, además, una paradoja. El propio Pedro Sánchez declara dos viviendas en Madrid y percibe ingresos por arrendamientos, según las declaraciones de bienes recogidas por distintos medios. Un análisis posterior sobre los parlamentarios socialistas situaba al presidente como uno de los candidatos socialistas con rentas inmobiliarias declaradas, aunque por debajo de algunos de los diputados apartados.
Esto sitúa al PSOE ante un problema más complejo que la simple depuración de cuatro nombres. El partido puede retirar de sus candidaturas a los parlamentarios que acumulan más propiedades, pero no puede convertir la propiedad inmobiliaria en un criterio absoluto para determinar quién está legitimado para defender políticas de vivienda.
De hecho, el dato más revelador es que los cuatro diputados apartados no constituyen una anomalía dentro de un Parlamento formado mayoritariamente por propietarios. Lo excepcional es la concentración de viviendas en sus declaraciones patrimoniales, no el hecho de que sean propietarios.
La decisión de Ferraz debe entenderse así como una operación de control del relato electoral. Sánchez ha situado la vivienda en el centro de su estrategia para el 29-N y necesita reducir al mínimo las contradicciones que puedan desviar el debate desde los problemas de los inquilinos hacia el patrimonio de sus propios candidatos.