Castilla-La Mancha se encuentra ante una paradoja energética que el nuevo decreto estatal sobre centros de datos hace todavía más visible. El Gobierno central quiere poner límites al impacto que tendrán estas instalaciones sobre el sistema eléctrico por su elevado consumo, pero al mismo tiempo la comunidad autónoma lleva años reclamando más capacidad de red para atender nuevos proyectos industriales y tecnológicos.
En la región se han anunciado proyectos de centros de datos que, en conjunto, movilizan más de 5.700 millones de euros de inversión, aunque con distintos grados de madurez y diferentes modelos de suministro eléctrico. Entre ellos se encuentran el campus de Meta en Talavera de la Reina, con 750 millones; el centro de Nostrum Data Centers en Guadalajara, con una inversión de entre 1.000 y 1.500 millones; el macrocentro de 300 MW anunciado en Mora, con 3.000 millones; y el proyecto avanzado por el Ayuntamiento de Toledo, con una inversión superior a 1.000 millones.
La cifra no significa que los 5.700 millones estén en riesgo de paralización por el decreto. Los proyectos se encuentran en situaciones administrativas diferentes y algunos plantean soluciones energéticas propias. Pero sí permite dimensionar el volumen de inversión que se encuentra vinculado a un sector al que el Gobierno central está cambiando las condiciones de acceso y utilización de la energía.
Y Castilla-La Mancha sostiene que las nuevas reglas deben tener en cuenta precisamente a las inversiones que ya están en marcha.
El Gobierno endurece las condiciones para los grandes consumidores
El proyecto de Real Decreto remitido ahora al Consejo de Estado mantiene el núcleo de la propuesta inicial: los grandes centros de datos deberán cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico mediante generación renovable adicional, con requisitos de correlación horaria.
El Ejecutivo pretende evitar que la proliferación de centros de datos concentre una cantidad excesiva de demanda eléctrica en determinados puntos de la red y termine trasladando costes al conjunto del sistema. El borrador inicial establecía además que los proyectos en tramitación tendrían seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones o renunciar a sus derechos de acceso y conexión.
La última versión ha introducido cierta flexibilidad. Las instalaciones de más de 10 MW dispondrán de una transición de hasta cinco años para alcanzar progresivamente los objetivos de correlación con generación renovable. A cambio, podrán quedar sometidas a mecanismos de reducción automática de potencia en situaciones de tensión de la red y sin compensación.
La modificación rebaja el impacto que podía tener el primer borrador sobre algunos proyectos, pero no elimina la incertidumbre para las inversiones que todavía están en desarrollo.
La CNMC ya había advertido de esta cuestión. El organismo considera que el plazo de seis meses previsto inicialmente para los proyectos con permisos de acceso y conexión era demasiado corto y reclamó un tratamiento gradual para las iniciativas más avanzadas.
La Junta teme por las inversiones ya avanzadas
Castilla-La Mancha fue una de las administraciones que reclamó cambios durante la tramitación del decreto. El Gobierno regional presentó diez alegaciones y pidió que se protegieran las inversiones que ya habían avanzado en su tramitación.
El principal problema se encontraba precisamente en los proyectos que ya habían obtenido permisos de acceso y conexión pero todavía no estaban conectados a la red. En el primer planteamiento del decreto, esas instalaciones debían acreditar el cumplimiento de las nuevas condiciones en seis meses, con riesgo de caducidad de los permisos si no lo conseguían.
La Junta consideró que no era razonable modificar las condiciones de proyectos diseñados y comprometidos bajo la normativa anterior y reclamó un régimen transitorio adaptado al grado de madurez de cada inversión. Entre los proyectos citados expresamente por el Ejecutivo autonómico se encontraba el campus de Meta en Talavera.
El proyecto de Meta no es una iniciativa en fase inicial. En agosto, el Gobierno regional aprobó definitivamente la reparcelación del PSI, culminando la fase de gestión urbanística autonómica y abriendo la puerta a la tramitación de los proyectos constructivos, las autorizaciones sectoriales y municipales y el posterior comienzo de las obras. La inversión estimada asciende a 750 millones de euros, con 250 empleos directos y otros 300 durante la construcción.
La documentación urbanística del proyecto contempla además una demanda máxima de 240 MVA, una dimensión que da una idea de la magnitud del problema energético asociado a este tipo de infraestructuras.
Más de 5.700 millones sobre la mesa
El proyecto de Meta es solo una parte del mapa de inversiones tecnológicas que se está dibujando en Castilla-La Mancha.
En Guadalajara, Nostrum Data Centers proyecta un centro de datos en el polígono de El Ruiseñor con una inversión de entre 1.000 y 1.500 millones de euros en su desarrollo completo. El proyecto contempla una capacidad inicial de 40 MW y unos 600 empleos, y sus promotores aseguran disponer ya de potencia eléctrica reservada y autorizada.
En Mora, el proyecto Malpica AI 300MW, promovido por EdgeMode y Bloom Energy, contempla una inversión anunciada de 3.000 millones de euros y una potencia de 300 MW. En este caso, los promotores han planteado un modelo singular de suministro mediante módulos energéticos propios alimentados con gas natural, precisamente para evitar depender inicialmente de la capacidad disponible en la red eléctrica convencional.
Y en Toledo capital, el Ayuntamiento ha anunciado un gran centro de datos vinculado a innovación y nuevas tecnologías con una inversión superior a 1.000 millones de euros y unos 150 empleos especializados. Por ahora se trata de un anuncio con un grado de concreción inferior al de Meta o Nostrum, pero añade otro proyecto de gran dimensión al mapa regional.
En conjunto, estas cuatro iniciativas suman al menos 5.750 millones de euros de inversión anunciada, aunque no deben considerarse inversiones comprometidas en idéntico grado ni proyectos igualmente afectados por el nuevo decreto.
La red eléctrica es insuficiente
Aquí aparece la otra parte de la ecuación. El Gobierno central justifica la regulación de los centros de datos por la presión que su elevada demanda puede ejercer sobre la red. Pero Castilla-La Mancha lleva años advirtiendo de que el problema eléctrico de la región no es únicamente la generación, sino la capacidad de la red para transportar y distribuir esa energía allí donde se necesita.
El caso de Guadalajara es especialmente significativo. La capital y su entorno industrial han reclamado al Estado nuevas infraestructuras eléctricas porque la capacidad disponible no permite acompañar el crecimiento previsto. El Ayuntamiento ha cifrado en unos 340 MW las necesidades asociadas al desarrollo industrial previsto, mientras reclama que las actuaciones necesarias se incorporen a la planificación eléctrica 2026-2030.
La situación es todavía más reveladora porque Guadalajara pretende simultáneamente atraer grandes inversiones tecnológicas. En enero, un análisis situaba a la provincia entre las que tenían las subestaciones completamente saturadas, mientras Castilla-La Mancha presentaba un nivel de saturación del 93,4%. El mismo análisis apuntaba que el principal problema no era la producción eléctrica, sino la capacidad de transformación y distribución.
Es decir, la región puede tener electricidad disponible y, sin embargo, no disponer del “enchufe” necesario para conectar una nueva fábrica o ampliar una instalación existente.
La paradoja de los centros de datos
El Gobierno central quiere evitar que los centros de datos absorban una parte excesiva de una capacidad eléctrica limitada. Pero una parte de la actividad industrial de Castilla-La Mancha ya encuentra dificultades precisamente porque esa capacidad de red es insuficiente.
La pregunta que se plantea entonces es si regular la demanda de los grandes consumidores puede resolver un problema que tiene también una dimensión de infraestructura.
La respuesta parece evidente: no por sí sola.
Las restricciones a los centros de datos pueden evitar que determinados proyectos ocupen capacidad escasa o pueden establecer prioridades y condiciones para su conexión. Pero no construyen nuevas líneas, subestaciones o posiciones de conexión.
Y esa diferencia resulta especialmente relevante en Castilla-La Mancha, donde la generación renovable ha crecido con mucha mayor rapidez que determinadas infraestructuras necesarias para llevar esa energía hasta los nuevos puntos de consumo.
CLM21 ya ha señalado que la comunidad dispone de una potencia instalada de 18.233 MW, de la que el 87% procede de fuentes renovables, mientras las necesidades de al menos 16 proyectos estratégicos elevan la demanda adicional identificada hasta unos 6.000 MW. La cuestión no es, por tanto, únicamente producir más electricidad, sino disponer de capacidad suficiente para utilizarla.