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(Foto: Raystorm vía Wikimedia Commons).
La prórroga presupuestaria ha supuesto la paralización del incremento de la financiación, que en el caso de Castilla-La Mancha asciende a 295 millones
A.C. Muñoz y F. Calero | Miércoles 27 de febrero de 2019
El gobierno estudia la fórmula para que las Comunidades Autónomas no vean paralizado el incremento de su financiación como consecuencia de no estar aprobado el presupuesto de 2019 y haberse decretado la prórroga del de 2018. Esa medida supondría que Castilla-La Mancha recibiría 295 millones de euros por la actualización de las entregas a cuenta, que se ajustarían a las cifras comprometidas en julio del año pasado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que supondría transferir a nuestra Comunidad 4.922,8 millones de euros, frente a los 4.627,8 recibidos en 2018. Unos incrementos con los que las Comunidades Autónomas llevaron a cabo sus previsiones de gasto para 2019 y que para el conjunto de las regiones asciende a casi 7.000 millones de euros
Según las declaraciones de la Ministra de Hacienda, el Ejecutivo se decanta por la aprobación de un decreto. La cuestión eminente práctica presenta algunas dudas jurídicas en tanto en cuanto que la financiación de las Comunidades forma parte de los estados de gasto de los Presupuestos Generales del Estado y se ve afectada por la prórroga presupuestaria. Lo que hace que la parálisis y la inestabilidad en el gobierno central se traslade al día a día de las regiones españolas, que prestan los servicios básicos de sanidad, educación y gran parte de las prestaciones sociales.
Precisamente, clm21.es ya había informado el pasado 18 de febrero del daño para las arcas autonómicas por la no aprobación de los presupuestos generales del Estado. Precisamente esa situación sería las que están esgrimiendo las Comunidades Autónomas para pedir al Ministerio que articule una fórmula para facilitar esa financiación. Entre otras razones porque los gobiernos autonómicos si han tenido que incrementar determinados gastos, como el incremento salarial de sus empleados públicos, lo que obliga a ajustar las políticas de otros gastos, ya de por sí muy medidos por las dificultades financieras y por las obligaciones de sostenibilidad financiera.
El gobierno central se ha comprometido a dar una salida esta situación antes de que se celebren las elecciones generales del 28 de abril. La aprobación de la transferencia del incremento de las entregas a cuentas se produciría así también de forma previa a la celebración de las elecciones autonómicas.
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