Los relevos en Ciudadanos y el enredo del PP con la financiación autonómica

La justificación de lo de Orlena de Miguel la ponen en que se abstuvo con eso del no a la investidura de Pedro Sánchez. Es un argumento más; de complemento. La esencia es que con este relevo se produce el cambio regional que se demandaba desde dentro.

En el PP, su presidente, Francisco Núñez va tejiendo la estrategia para poder armar su oposición a Emiliano García-Page a la vez que lo hace a Ciudadanos para presentarse como la única alternativa. Y esa fuerza quiere encontrarla en los ayuntamientos. Y para ello y tras cerrar los grupos de las diputaciones tratando de hacer su equipo, ha iniciado una ronda de encuentros con los principales alcaldes y portavoces de sus grupos en los municipios de la región.

Esta semana le ha tocado Toledo y ha mantenido el encuentro con Claudia Alonso. La sorpresa ha saltado a la hora de las declaraciones. Núñez va y se muestra partidario de que “una parte importante de los recursos de la Junta con la nueva financiación se destine directamente a mejorar los recursos de los ayuntamientos”. Es algo que debe explicar mejor. Así dicho no se entienden a qué se refiere el líder regional del PP. Primero porque la Junta de Comunidades tiene un déficit estructural de financiación y necesita los recursos para poder prestar adecuadamente los servicios públicos básicos. Segundo porque las declaraciones se producen en un municipio que cerró con superávit y que tiene unas finanzas relativamente saneadas.

Núñez habló de transferir dinero, pero no competencias, de mejorar las finanzas municipales, sus recursos. En una interpretación amplia cabe que, aunque no lo dijera, pudiera referirse a una descentralización de la Junta y que con el dinero se transfieran competencias a los municipios. Si fuera así, esta es una medida que afecta a la propia forma de ver el desarrollo del Estado Autonómico y la propia Castilla-La Mancha y que no es para despachar en dos frases, máxime tras la reforma local que llevó a cabo hace unos años el gobierno nacional del Partido Popular con su vicepresidenta al frente mediante la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En esa ley, además de limitar el número de cargos públicos municipales y de los sueldos de los alcaldes en función de la población, se ponía orden en las competencias que hasta entonces desarrollaban los ayuntamientos provocando duplicidades (por ejemplo la prestación de determinados servicios sociales) y abría la posibilidad a que se pudieran delegar competencias por parte de las Comunidades Autónomas, estableciéndose el sistema para hacerlo. Si es eso, la cosa debe explicarse mejor.

Si simplemente es transferir dinero de la Junta a las arcas municipales, mal apaño. La cosa es que la Junta está para ingresos y no para pagos. Y así lo ha venido sosteniendo el propio Partido Popular hasta la fecha. Bastante tiene con llegar a final de mes, como se puede apreciar en mediante el seguimiento de las finanzas regionales (algo que este medio realiza pormenorizadamente). Castilla-La Mancha tiene un déficit estructural de financiación, como ha puesto de relieve la AIReF, es una de las Comunidades con más alto riesgo de sostenibilidad de su deuda pública, como queda de manifiesto con los datos del Banco de España y los informes de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Cabe pensar que si esos son los males, los remedios son restar deuda y aumentar ingresos. El gobierno cifra el déficit de financiación entre 1.000 y 1.200 millones de euros. Esa cuantía es la que se necesita para cubrir el déficit y prestar los servicios públicos regionales adecuadamente. Si se transfieren parte de esos fondos a los municipios para que estos aumenten sus recursos, todo lo que se detraiga generará déficit o supondrá una peor prestación de servicios.