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Pedro Sánchez, durante su reunión con el portavoz del Grupo parlamentario Confederal de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
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Pedro Sánchez, durante su reunión con el portavoz del Grupo parlamentario Confederal de Unidas Podemos, Pablo Echenique. (Foto: Pool Moncloa // Borja Puig de la Bellacasa)

El coronavirus y el miedo a la libertad

jueves 16 de abril de 2020, 21:38h
En los últimos días hemos asistido a algunas situaciones en las que miedo ha sido protagonista. Las más notorias han sido las expresiones del miedo a convivir con personas que se encuentran expuestas al contagio (personal sanitario, empleados de supermercado) y ha revelado el lado más negativo del ser humano. En lo político el miedo se ha colado en las encuestas del CIS. La última se adentra en un lado oscuro y peligroso para una democracia, el de poner en circulación entre los ciudadanos la premisa de si están dispuestos a permitir que se evadan algunas libertades y hacerlo de forma colectiva. Lo hace a través de una pregunta muy pensada y con la que se pulsa ese ánimo. En ella se da por sentado que la información oficial (la que da el gobierno) sobre el Covid-19 es veraz y que luego están los bulos y mentiras, que se difunden a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. A partir de ese planteamiento verdaderamente preocupante, la conclusión es alarmante al plantear si la única información debe ser la oficial. El CIS no hace sino plantear el miedo a la libertad y si se está dispuesto a renunciar a parte de esa libertad.
El enunciado de la pregunta que realizó el CIS es el siguiente: "¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por la redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?".

A propósito de la pregunta, muchas son las explicaciones que ha tenido que dar José Luis Tezanos, al que Pedro Sánchez nombró primero miembro de su ejecutiva y luego director del CIS. En conversación con El País afirmó: “No hay preguntas malas, lo que puede haber son respuestas malas”.

Vuelve a errar el director del CIS. Hay preguntas que no pueden hacerse o, al menos formularse en la forma en la que el CIS lo ha hecho. Hay ejemplos en la organización de las relaciones sociales, hasta el punto que algunas pueden llegar a ser consideradas criminales en la medida que atacan al ordenamiento que nos hemos dado entre todos para proteger nuestras libertades y derechos individuales (sexuales, ideológicos, de creencias religiosas…).

Supongamos que se hubiera decidido formular esta otra pregunta: ¿Cree usted que en estos momentos debería producirse un relevo del ministro de Sanidad al frente del mando en la lucha contra el coronavirus tras los errores cometidos y el elevado número de muertos, pasándolo al Jefe del estado Mayor de la Defensa, que dirige la Unidad Militar de Emergencia y otros cuerpos que trabajan construyendo hospitales de campaña, desinfectando y atendiendo residencias de mayores y facilitando alimentos y trayendo material sanitario desde otros países, o cree que hay que mantener al mando al responsable de sanidad y a su comisión de expertos? La pregunta lo que plantearía es si el ciudadano está dispuesto a supeditar el mando civil al militar, de poner al ejército al mando de la lucha contra la pandemia en la que están inmersos todos los ministerios.

La democracia tiene armas para protegerse de los bulos y la mentira. No hace falta que el CIS saque a pasear el miedo a la libertad. La pregunta se conoce después de otras dos actuaciones del poder en torno a la comunicación. Una de ellas publicada profusamente y no desmentida oficialmente, es que un miembro del gobierno llegó a plantear la nacionalización de los medios de comunicación. La otra, la sublevación de periodistas y medios de comunicación por el sistema de ruedas de prensa oficiales, en las que los periodistas tenían que pasar a La Moncloa con mucha antelación las preguntas que querían formular y que existiese una selección de las que se iban a contestar por altos cargos del gobierno. Lo que permitía dejar fuera algunas cuestiones y preparar adecuadamente y con antelación las respuestas para las otras. El gobierno tuvo que terminar por desistir ante el plante de profesionales y empresas que consideraban la fórmula un ataque a la libertad de expresión.

Un vicepresidente del gobierno plantea a su manera el artículo 128 de la Constitución, de supeditar los derechos privados al interés general, se toman de decisiones de intervención económica que van más allá de la duración del estado de alarma.

El humanista alemán de origen judío Erich Fromm, en su “Miedo a la Libertad” (1.941), relaciona ese miedo con la expresión política del nazismo, del autoritarismo, como forma de evadir la libertad.

No son las únicas medidas controvertidas sobre la gestión por el gobierno de las libertades y los derechos fundamentales de los españoles durante la crisis. No son pocos los catedráticos de Derecho Constitucional, que han criticado las restricciones de esas libertades y derechos por parte del gobierno mediante la declaración del estado de alarma. El fin no justifica los medios. Hay fórmulas en la Constitución que permiten esas restricciones. Pero deben ser aprobadas por el Parlamento, no por el Gobierno. Luego, ha surgido una amplia casuística en la aplicación de esas restricciones que han ido aún más allá de lo que determina la declaración del estado de alarma. Todo ello ha generado un enorme número de amonestaciones en unos casos y sanciones a ciudadanos. Las multas superan el medio millón.

Estamentos judiciales admiten y prevén que se van a producir una intensa actividad derivada de estas medidas. Si es así, se colapsarán los tribunales. Claro que siempre se pueden descongestionar si el Tribunal Constitucional cuando le lleguen los casos termina por determinar que la fórmula empleada por el gobierno no era la adecuada y que la Carta Magna permitía otras, que el Ejecutivo no adoptó.

Eso en lo que respecta al decreto de alarma. Habrá otras vías jurisdiccionales, como la penal y la civil para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado, que colectivos del sistema judicial ya han puesto sobre la mesa, y que no se podrá obviar con una nulidad de normas.

Una de las conclusiones que se extrae de la pandemia es que debe reforzarse el sistema sanitario, sin duda. En el orden democrático, hay otra: regular una mayor prevalencia del Tribunal Constitucional para crisis futuras como garante jurídico de los derechos y libertades.

Otra de las cuestiones que ha quedado patente durante el estado de alarma es la deficiencia democrática en el funcionamiento de las Cortes Generales. El Parlamento es la institución en la democracia española que lleva a cabo no sólo la actividad legislativa, también es donde se ejerce el control sobre las actuaciones del gobierno. Las Cortes ha realizado los plenos para la convalidación de los decretos del gobierno (actividad legislativa) y el ministro de Sanidad ha comparecido en una comisión en varias sesiones (control). Y ya está. Tal deriva generó amplias críticas, incluso anuncios de acciones jurídicas por parte de algunas fuerzas políticas. Finalmente la Mesa de la Cámara ha reactivado esta semana las sesiones de control al gobierno. Pero el Congreso no ha vuelto a su actividad normal, a pesar de ser una actividad esencial para el sistema democrático y de libertades de nuestro país.
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