Castilla-La Mancha incumplía en julio el objetivo de déficit del 0,3 por ciento, que es el legalmente vigente, aunque cumplía el del 0,7% que es el acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque todavía no ha sido aprobado por el Congreso.
Si las Cortes Generales no aprueban ese objetivo de déficit del 0,7 del PIB para las Comunidades Autónomas y se mantiene el 0,3 establecido inicialmente, Castilla-La Mancha tendrá que dejar de gastar 155,58 millones de euros, que es la diferencia existente entre el mejor escenario (272,26 millones) y el más reducido (116,68 millones). Lo más grave es que el 0,7 fue un acuerdo unánime del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del mes de abril y ha orientado la política de gasto de las Autonomías Españolas en la creencia de que sería ratificado por las Cortes Generales, pero ese hecho no se ha producido debido a la falta de un gobierno definitivo que puede aprobar el acuerdo y remitirlo al Congreso. Pero en los últimos meses, la mayoría de las administraciones regionales han empezado a trabajar ya con el objetivo del 0,3, que consideran que será el que al final tengan que cumplir. De hecho, en junio el déficit del conjunto del sector autonómico se situó en el 0,68 por ciento, que se logró reducir en julio al 0,07 por ciento.
Nuestra Comunidad se mantiene en el medio de la tabla. De las 17 regiones, siete presentan superávit: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, La Rioja y País Vasco. La que presenta mayor déficit es Navarra, con un 1,29 por ciento, seguida por Extremadura, con un 0,99 por ciento.
El dato de 31 de julio sitúa el déficit de nuestra Comunidad en 145 millones de euros, un 0,37 por ciento del PIB, lo que supone un exceso de 29 millones si no se ratifica el acuerdo del CPFF. La situación fue peor en junio, donde se alcanzó un déficit de 207 millones de euros (0,53), 84,32 millones más del límite. La mejora de junio a julio se produjo gracias a las aportaciones extras al presupuesto de la Comunidad provenientes de la liquidación definitiva de los ingresos del Estado de 2014.
Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, a finales de julio, Castilla-La Mancha había logrado recaudar por recursos no financieros, los provenientes de los impuestos propios y de la financiación del gobierno central, 3.517 millones de euros. Los gastos por operaciones no financieras alcanzaron los 3.662 millones de euros.
El gobierno ha ejercido un fuerte control del gasto en el mes de julio, lo que le ha permitido reducirlo en 60 millones respecto al acumulado a finales del mismo mes de 2015. Al mismo tiempo, logró ingresar 93 millones más. Esa cifra se corresponde exactamente con una mayor aportación de la Administración central a Castilla-La Mancha, fundamentalmente la liquidación de los ingresos definitivos de 2014.
La mejora de la recaudación en impuestos propios de la Comunidad Autónoma respecto al pasado año se ha dejado sentir sobre todo en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, por el que la Comunidad ingresó 3 millones de euros más que el pasado año. También han mejorado en 18 millones los ingresos por renta (IRPF) y patrimonio. Se mantienen los ingresos por sucesiones y donaciones. En cambio caen en 20 millones los ingresos de otros recursos.
Por lo que respecta a los gastos no financieros, de los 3.662 millones, 1.950 millones de euros se destinaron a pago del personal al servicio de la administración regional, son 32 millones más que el año pasado, lo que sitúa el incremento en un 2 por ciento. También han crecido los gastos de bienes y servicios de la Junta. En concreto, los gastos por consumos intermedios alcanzaron los 616 millones, 4 más que en 2015. Los gastos por intereses derivados de nuestro endeudamiento crecieron de 87 a 97 millones. Las transferencias sociales en especie (que incluyen gastos como los farmacéuticos o educación) crecieron 14 millones, un 2,3 por ciento.
Las partidas en las que más ha caído el gasto respecto al pasado año han sido las subvenciones a otras administraciones (especialmente ayuntamientos), que se han reducido en 52 millones, un 31 por ciento, y a empresas y otras instituciones que se han reducido en 36 millones, un 41,9 por ciento. Otros gastos, concepto que engloba fundamentalmente los gastos en inversión o en ayudas a la inversión, han caído de 79 a 47 millones de euros, lo que supone un descenso del 40,5 por ciento.
Por lo que respecta a los gastos computables a los efectos del cálculo de la regla del gasto, de julio de 2015 a julio de 2016 se ha producido un incremento de 66 millones, alcanzando un 2,1 por ciento, lo que supone una desviación de 3 décimas en esta regla fiscal de obligado cumplimiento y que se calcula en función de las estimaciones de crecimiento del PIB y que se sitúa para 2016 en el 1,8 por ciento de aumento.
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