Los ciudadanos, rehenes en una espiral de tensión política

No se puede coger a los ciudadanos como rehenes de la batalla política. Y esa es la impresión sobre lo que sucede en Madrid y no sólo allí. En el caso de Madrid se está dando la batalla por el poder. Es legítimo. Pero hay formas de hacerlo desde postulados éticos. Tal vez por ello, el jefe de filas del socialismo en la Comunidad, el profesor de metafísica Ángel Gabilondo, un defensor de la inclusión como forma de hacer, esté fuera de foco.

La comunicación no basta. Y alguien ha debido de darse cuenta en el seno del gobierno a propósito de esta batalla. Hace falta política. Y desde el prisma de la política, alguien se debe plantear el escenario de las horas y del día después en el caso de llevarse a cabo esa decisión de intervenir Madrid.

El gobierno de España ha fijado de un día para otro una postura con criterios objetivos. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se desliza que bajo esa apariencia de objetividad esos criterios se han establecido con la vista puesta en Madrid, y sólo en esa Región. Se avecina un grave choque institucional que arrastrará a los dos grandes partidos del país, ante la perplejidad de la población. Unos ciudadanos que ya asisten atónitos a un deterioro institucional, donde desde el gobierno se ataca al jefe del Estado, donde las cuestiones que incluyen los políticos en sus agendas desplazan aquellas del interés y la urgencia ciudadanos que quedan siempre para “mañana” o para última hora. Donde la renovación del poder judicial está paralizada, donde el gobierno veta al Rey la asistencia a un acto que organiza otro poder, el judicial. Donde en el Parlamento la crispación se alimenta a sí misma. Y todo ello en medio de la mayor crisis sanitaria y económica desde la Guerra Civil.

Y la cosa, lejos de amainar, va a más. Los partidos que gobiernan Madrid preparan la respuesta en la que tratarán de posicionar al gobierno de España tanto mediática como jurídicamente fuera de la legalidad e incluso del sistema en un escenario agravando la crisis institucional existente. Así las cosas, lo peor estaría por llegar. Sería el escrutinio ciudadano. El cierre comporta un coste económico y social no sólo para Madrid, ni incluso para las regiones limítrofes, sino para toda España. Y como quiera que lo peor de la curva también estaría por llegar (y no precisamente en los días inmediatos), el balance de la gestión sanitaria también terminaría por ser deficitario. Sólo se podría sortear con una intervención medida que no fuera más allá de dos o tres semanas. Y, aun así, tendrían que cruzar los dedos para que los resfriados comunes y la gripe no terminaran por colapsar el sistema de salud.

En esta guerra de poder, la intervención puede tener más coste que beneficio. Da la impresión de que en el PP descuentan el coste político económico y social que tendría la intervención para el gobierno central, lo que aprovecha para tapar las deficiencias en la gestión propia, porque lo de Madrid no es un ejemplo de buen hacer sanitario.

Parece que, ante ese escenario posible, se ha abierto la guerra del desgaste, la de “lo estás haciendo mal y te voy a intervenir”. Una guerra en la que el mensaje que se trata de lanzar y que permanece es “lo estás haciendo mal”. Como si la salud de los ciudadanos fuera sólo responsabilidad de las Comunidades Autónomas, como si no afectara al Gobierno de España, que tiene un Ministerio de Sanidad, ni a las corporaciones locales, que suelen tener un área de salud.

En cualquier caso, desde el punto de vista político parece que la guerra por el poder con Madrid de fondo terminará por pasarle factura al gobierno central ¿Qué sucederá cuando se den las circunstancias -que se darán según los vaticinios médicos- en aquellas Comunidades gobernadas por partidos de los que el presidente Sánchez necesita el apoyo para aprobar su presupuesto y encauzar su hoja de ruta de la legislatura? ¿Se producirá el mismo esperpento que en Madrid? Bronca, escenificación de acuerdo, dos días después de desacuerdo, de nuevo la conciliación y de nuevo la bronca. De momento, Cataluña ya se ha descolgado de las medidas que el gobierno llevó al Consejo Interterritorial de Salud.

Es evidente que alguien no midió la jugada más allá de Madrid, que las medidas para combatir la situación de la segunda ola, como las del inicio del curso escolar, la planificación y ejecución de la desescalada para evitar esa segunda ola, llegan tarde y huelen a una guerra de poder entre partidos e instituciones de las que los ciudadanos son rehenes, más allá de las responsabilidades que tengamos cada uno con nuestros comportamientos y observancia de las normas.

Se argumentó que la primera ola llegó por sorpresa. Hay quien lo discute. Pero ahora esa no es la cuestión. ¿También la segunda ola ha llegado por sorpresa? ¿Ha sorprendido a los que gobiernan desde La Moncloa o desde las Comunidades?

Va siendo hora de que la clase política deje de tensar el país, deje de jugar a lo suyo por encima de los ciudadanos y de que todos se pongan manos a la obra, porque esa es su responsabilidad: gestionar las instituciones en beneficio de los ciudadanos, que es donde reside el poder, cuya gestión ceden -no dan- en las urnas a la clase política. Y eso que vale para Madrid, vale para cualquier territorio. Es descorazonador ver a las formaciones del centro y la derecha arremeter contra las de izquierdas en aquellas regiones que no gobiernan, en vez de dar un paso al frente y situarse junto al gobierno de turno en una emergencia como esta. Es fácil decir lo estás haciendo mal y enumerar al mismo tiempo una retahíla de propuestas para dar contento a los diferentes sectores, pero para las que se sabe que no hay dinero suficiente. Es hora de la colaboración y la crítica constructiva y no la de socavar al adversario. Por más que alguno de los dirigentes políticos -de gobierno o de oposición- pueda pensarlo, los ciudadanos no son hijos de un dios menor.

P.D.: La decisión de Celaá que anuncia el cierre de aulas por la pandemia

La decisión de Isabel Celaá de flexibilizar los aprobados en bachillerato y secundaria (otorgar el título sin límite de suspensos), además de legalizar la ignorancia, viene a reconocer de facto que su Ministerio espera un gran impacto de la pandemia en las aulas, tanto como para hacer que los estudiantes no puedan seguir las clases y el curso. Si es así, echen el cierre ya.

De lo contrario no hay explicación para esta ocurrencia. Además, y con esta premisa de partida desincentiva al alumno al estudio, porque sabe que puede pasar de curso sin esfuerzo. Y así se abre la posibilidad a que el tiempo de estudio se pueda dedicar al ocio, a la fiesta o a la no fiesta, cuando uno de los colectivos que más preocupación ha generado en las autoridades políticas y sanitarias en los rebrotes de la segunda ola ha sido el de los jóvenes. Celaá ha convertido lo particular en general y en vez de arbitrar un sistema para las situaciones especiales y de buscar alternativas, ha abierto la puerta a agravar el problema que trataba de resolver.