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Las grandes compañías, asesoradas por las principales consultoras, aspiran al grueso de las ayudas del rescate europeo
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Las grandes compañías, asesoradas por las principales consultoras, aspiran al grueso de las ayudas del rescate europeo

miércoles 03 de febrero de 2021, 22:02h
La condicionalidad de las ayudas que Europa va a conceder a España a que se hagan reformas, laborales, de pensiones y en la administración pública hacen renacer los fantasmas del pasado de recortes y ajustes. Ya se ha deslizado que en las pensiones la cifra mágica es de 30.000 millones de euros. Desde el gobierno se huye de este escenario y se evita la comparación con el anterior rescate europeo a la economía española, el de 2012, cuando se aprobaron hasta 100.000 millones de ayudas a nuestro país, de las que en cifras redondas se emplearon 60.000 y se destinaron para rescatar al sector bancario. Ahora son hasta 140.000 millones, 72.000 en ayudas directas, que comportan un aumento de la aportación anual de nuestro país al presupuesto de la Unión, y otros 68.000 millones en créditos. Ahora los movimientos de los propios ministerios y de algunas organizaciones y empresas apuntan a que el grueso se destinará a las grandes empresas. No son pocas compañías de los sectores privado y público las que ya se han interesado por ese dinero. Incluso han contratado a las grandes consultoras que, como EY, PwC, Deloitte o KPMG han visto una oportunidad de negocio en la gestión de estas ayudas. Incluso los servicios de algunas de ellas han sido requeridos por ministros del propio gobierno en relación con los fondos europeos.
Pero qué diferencia hay entre el rescate de 2012 y el de 2021. En principio, la de 2012 fue una actuación pensada para España, al margen de otras adoptadas para otros países. Para ello se estableció que tanto el Fondo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo de Estabilidad (MEDE) pudieran rescatar a empresas y no sólo a países. En 2021 es una respuesta conjunta de la Unión para sus Estados miembros y España será la tercera beneficiada en el reparto. En ambos casos existe condicionalidad. Europa no quiere que las caídas de las economías de algunos estados miembros terminen por arrastrar al conjunto del continente.

Los movimientos de los que damos cuenta en los párrafos siguientes apuntan a que, si el anterior rescate se destinó al sector financiero, ahora buena parte de los fondos van a ir a parar a las grandes empresas del país. Las principales consultoras han visto un nicho de mercado y han preparado servicios de asesoramiento y están copando los grandes contratos. Mientras pymes y autónomos han visto una puerta abierta para captar fondos en el acuerdo entre la Asociación de Consultores de Empresa y AENOR.

El 28 de enero las Cortes daban el visto bueno al decreto por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La convalidación fue posible gracias a la abstención de Vox. Y este hecho fue el más destacado a nivel informativo, que desplazó al contenido de la norma.

A mediados de diciembre, la Vicepresidenta de Asuntos Económicos fichaba a KPMG y a PwC como apoyo para los proyectos de ayudas digitales, externalizando así la gestión de estas ayudas. A mediados de enero trascendía que RTVE, un ente público, también se hacía con los servicios de KPMG para la captación de fondos europeos. La tele pública busca parte del pastel de 400 millones que se van a destinar a los medios de comunicación. El contrato se firmó poco antes también de que el presidente del gobierno recibiera en La Moncloa al CEO de Vivendi, la empresa francesa que ha entrado con fuerza en el accionariado de PRISA, dueña, entre otros de la cadena ser SER, El País, Cinco Días o Huffington Post. Tanto PRISA, como otros grupos editoriales como Vocento (ABC y buena parte de las principales cabeceras regionales españolas, alianza estratégica con la COPE) y Unidad Editorial (El Mundo, Expansión y Marca) han acudido a la CEOE para captar esos fondos.

El Decreto aprobado por el gobierno y ratificado por las Cortes contempla que “el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de país, que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública”. De hecho, la patronal tiene firmado con PwC un convenio de colaboración para abrir la oficina técnica de apoyo a las empresas que optarán a los fondos europeos.

Y mientras la patronal fichaba a PwC, la vicepresidenta de Asuntos Económicos a KPMG y PWC, la ministra Ribera firmaba con Deloitte para que le asesorara en la captación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. No sólo ha sido el gobierno central el que ha recurrido a las consultoras para optar a esa tarta de 140.000 millones de euros. Baleares y más concretamente la gubernamental Agencia de Estrategia Turística ha recurrido a KPMG con la vista puesta en el rescate del sector turístico.

De hecho, KPMG en España y Local Europe han firmado una alianza para ofrecer una solución integral de servicios de consultoría sobre fondos europeos junto a una herramienta tecnológica exclusiva que facilita la identificación de los proyectos concretos que pueden ser elegibles para el acceso a las ayudas.

Por su parte, grandes compañías privadas, como El Corte Inglés aspira a obtener 4.000 millones en ayudas, para lo que ha contratado a Deloitte y PwC. También se ha asociado al gigante Inditex con el proceso de captación de fondos de la Unión. Cepsa ha fichado a Deloitte.

En las próximas semanas y meses tendrán que delimitarse las medidas que deberá adoptar España para que esas compañías y el sector público se beneficie de esos fondos. La primera es el recorte de 30.000 millones en las pensiones. La cifra planteada por el actual gobierno coincide con la planteada hace ocho años por el gobierno del Partido Popular. La cuestión es cómo será el impacto de la reforma en el bolsillo de los ciudadanos. Algunos desde el gobierno aspiran en evitar los recortes haciendo caer el coste sobre los actuales cotizantes, quitando los topes a las cotizaciones y que no sea sobre una base máxima sino sobre el salario y que los autónomos incrementen su aportación ligando su cotización a los ingresos. Una fórmula u otra supondrá que algunos colectivos verán recortados sus ingresos.
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