Aumenta el pesimismo empresarial en CLM sobre el entorno económico

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha realizado, por sexto año consecutivo, una encuesta de opinión sobre el entorno empresarial a una muestra de establecimientos que cubre todo el ámbito nacional, los diferentes sectores económicos y los distintos tamaños de los establecimientos. La encuesta se llevó a cabo en la última quincena del año 2018. El módulo de Opinión sobre Entorno Empresarial tiene como objetivo recoger las opiniones de los gestores de los establecimientos sobre diferentes componentes del entorno empresarial. El entorno empresarial está conformado por el entorno político, institucional y social en el que las empresas toman sus decisiones. Esta encuesta trabaja sobre 12 parámetros del entorno empresarial en los que se miden las opiniones favorables, las que no registran variación y las que las tienen desfavorables.

En el caso de Castilla-La Mancha, la Región encadena un segundo trimestre de pesimismo. Aunque el desánimo suele ser habitual en nuestra Comunidad en los trimestres de cierre de un año y de apertura del otro, en este caso las cifran son mayores que las que se daba en los mismos periodos de los años anteriores. La depresión de la confianza está más generalizada. La cosa pinta peor cuando se entran detalles: Once de los doce componentes que se emplean para medir el estado de ánimo y la confianza en el entorno empresarial han evolucionado a peor en cuanto a las opiniones favorables de los gestores de negocios de nuestra Comunidad y se encuentran en el nivel más bajo desde 2014. Otro dato que refleja el estudio es que en conjunto, al compararse las opiniones favorables (optimistas) y las desfavorables (pesimistas) y hallar la diferencia, triunfan las negativas y crece el pesimismo.

En el análisis de los componentes uno a uno, la evolución sobre el entorno macroecononómico en Castilla-La Mancha ha pasado de una opinión donde el pesimismo superaba en cinco puntos al optimismo a hacerlo en 14. En el caso de la regulación económica, se ha pasado de un negativismo de 11,6 puntos a los 21. La fiscalidad ha pasado de una visión con saldo negativo de 22,7 puntos a los 28,2. La morosidad se mantiene con saldo de posiciones negativas de 18 puntos, como el año anterior. Los costes arrojan una ponderación negativa de 17 puntos, cuando hace un año eran 13. Y la relación sobre el impacto peso de la demanda de los productos se mantiene también en 6 puntos negativos. Mejora el módulo sobre la disponibilidad de financiación que pasa de un índice negativo de 5,3 puntos a otro negativo de 3,3.

Así las cosas, y desde el punto de vista de los elementos que más negativamente han impactado en los negocios de la región durante 2018, a juicio de los gestores de los negocios, destacan la fiscalidad (con un 29,1% de respuestas desfavorables), la regulación económica (25,57%), la morosidad (22,95%) y el entorno macroeconómico (22,3%). Estos cuatro fueron los componentes cuya evolución tuvo una repercusión más desfavorable el año pasado. Un año antes los elementos con opiniones más desfavorables sobre su repercusión fueron la fiscalidad, con un 26,4% de respuestas desfavorables, la morosidad, con un 25,16%, la demanda de productos, con un 22,96% y la regulación económica con un 20,44%.

Castilla-La Mancha figura como la tercera Comunidad española con un mayor impacto desfavorable de la fiscalidad, por detrás de Navarra (34,4% de respuestas negativas) y Asturias (31,1%). También es la cuarta donde es mayor el número de opiniones desfavorables sobre el impacto de los costes en el negocio o en la adecuación del capital humano y la sexta en la que son mayoritarias las respuestas desfavorables sobre la eficiencia del mercado de trabajo. Estamos en el séptimo puesto en cuanto al impacto negativo de la regulación económica y en la evolución desfavorable de la morosidad

En cambio, los empresarios de la región no son de los más preocupados del país por el escenario macroeconómico. En concreto se sitúan en el quinto puesto por la cola. Tampoco en cuanto a la demanda de sus productos. En este caso el impacto de las opiniones desfavorables, son las terceras más bajas del país.

En cuanto a los factores con evolución favorable (que determina el estado de ánimo optimista), la demanda de los productos está considerada como el factor más determinante en el negocio, con una opinión favorable del 12,8%. No obstante, retrocede 3,35 puntos en relación al año anterior. Le siguen la adecuación del capital humano con unas respuestas favorables del 10,8% de los encuestados, 3,3 puntos más alta que en 2017, y la disponibilidad de financiación, con el 10,49% de opiniones favorables, aunque retrocede 1,5 puntos en relación a 2017.

En este contexto de las posiciones optimistas, los nuestra Comunidad ocupa puestos por encima de la media nacional en la adecuación del capital humano y en eficiencia del mercado de trabajo. En cuanto a las infraestructuras, somos la segunda región con menos opiniones favorables, al igual que en la evolución de la demanda de productos

En relación a la opinión sobre la evolución de los recursos que dedican las empresas a la resolución de trámites con las administraciones, menos de una sexta parte de los encuestados apreciaron un incremento en esos recursos (15,/% en relación a la administración central, 16,1% a la autonómica y 14,8% a la local), sólo el 3,6% de los encuestados apreciaron una disminución de recursos para sus relaciones con las administraciones públicas.

El 17,4% de los encuestados percibieron que en 2018 aumentó el número de trámites añadidos que deben cursarse para operar en diferentes comunidades autónomas. Por su parte, el 15,4% apuntó a un aumento de los trámites añadidos para operar en diferentes localidades dentro de la misma comunidad. Un 1,3% apreciaron una disminución para operar en distintas comunidades autónomas y un 1,6% para operar en diferentes localidades dentro de la misma comunidad.

Más de la mitad de los encuestados consideraron no hallarse en circunstancias de evaluar si habían percibido un beneficio en la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables. Un 7,2% para la administración estatal, un 8,3% para la autonómica y un 8,2% para la local percibieron algún beneficio. La percepción de este beneficio es ligeramente inferior a la registrada en 2017 (7,6% para la estatal, 8,7% para la autonómica y 8,7% para la local).