Tras ganarse la confianza de las víctimas, solicitaba un ingreso bancario como depósito o adelanto, tras lo cual cortaba toda comunicación, informa el Instituto armado.
Además, la acusada utilizaba la documentación de los afectados para formalizar contratos ilegales, dando de alta servicios como suministros energéticos y líneas telefónicas a nombre de las víctimas, lo que generó un daño adicional.
A la detenida, de nacionalidad española y de 36 años de edad, se le imputan cinco delitos de estafa y dos delitos de usurpación del estado civil.