Concretamente, la PMcM indica que las comunidades autónomas pagaron, en marzo de este año, con un plazo medio de 22 días, una cifra similar a la reportada periódicamente y dentro del límite legal de 30 días.
Sin embargo, los datos también muestran que el 78% de los proveedores de la Administración Regional asegura haber "sufrido" plazos de pago "superiores al legalmente establecido".
De acuerdo con la Plataforma, "nunca" han registrado plazos de pago dentro de la legalidad por parte de las Administraciones Públicas.
"Somos conscientes de que los datos no tienen por qué coincidir, ya que nuestras muestras son más pequeñas y los Gobiernos disponen de información completa. Es normal que existan ciertas diferencias debido al tamaño y origen de las muestras", ha asegurado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Sin embargo, Cañete ha señalado que la discrepancia entre ambos resultados es "significativa", y ha afirmado que no solo lo han detectado desde la PMcM, sino que también ha sido confirmada por el Observatorio de Pagos de la UE.
Ante estos resultados "tan dispares", la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha llevado a cabo un análisis para identificar el origen del desfase entre los datos oficiales del Ministerios y los obtenidos por su propia entidad y otras como Intrum.
Cañete lo ha atribuido a "posibles irregularidades cometidas antes del registro oficial de las facturas, lo que perjudica directamente a los proveedores".
"Se han detectado prácticas para retrasar intencionadamente dicho registro, de forma que el tiempo previo no compute legalmente y, por tanto, los plazos de pago puedan extenderse sin infringir la ley", ha apostillado el presidente de la PMcM.
Este tipo de prácticas, calificado por la PMcM como "pago desleal", altera significativamente los tiempos de pago sin que queden reflejados en los registros oficiales.
"Si este modus operandi se repite en otras administraciones, estamos ante un problema de gran envergadura. Es urgente poner fin a estas prácticas, ya que todas las Administraciones Públicas están obligadas a cumplir la ley", ha advertido Cañete, quien también ha solicitado "la implementación de modificaciones en el sistema de facturación electrónica (FACe) que impidan repetir este tipo de acciones".
Tanto la PMcM como el Observatorio de Pagos de la UE señalan que otro posible factor que explica la divergencia de datos es la "constante" reemisión de facturas debido a errores.
"Como el cómputo del plazo de pago (el 'dies a quo') comienza con la emisión definitiva de la factura, este procedimiento reinicia el conteo cada vez que se remite una nueva versión", ha detallado la Plataforma.
Ante estas sospechas, la PMcM insta a las autoridades competentes a que "investiguen estas prácticas y actúen con la mayor celeridad posible, ya que de ello depende, en gran medida, la viabilidad y competitividad de nuestras empresas".