Sin embargo, el posterior Acuerdo de la CBGE rebajó sustancialmente ese enfoque: desapareció la referencia explícita a la soberanía fiscal, se diluyeron las acusaciones de “maltrato fiscal” y no se concretó el método de cálculo de las aportaciones al Estado. En su lugar, se planteó un sistema más generalizable a otras autonomías, basado en una gestión tributaria “en red”.
Las declaraciones recientes de la ministra Montero confirman esta tendencia: el Gobierno insiste en que el modelo será aplicable a todas las comunidades y que la nueva fórmula de gestión no irá en detrimento de la AEAT.
El anuncio de Hacienda anticipa también algunas de las líneas centrales de la reforma. FEDEA destaca tres. Por un lado, el aumento sustancial de los recursos autonómicos, al menos parcialmente mediante mayor cesión de grandes impuestos; seguido del reparto que reduzca las amplias desigualdades actuales en financiación homogénea por habitante ajustado entre territorios y, por últim una mayor capacidad normativa en materia fiscal, aunque con previsibles restricciones para evitar que las comunidades compitan a la baja
FEDEA valora de forma positiva la intención de mejorar el sistema de entregas a cuenta y liquidaciones, lo que, de resultar bien diseñado, reforzaría la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas. También celebra el compromiso de avanzar hacia una distribución más equitativa entre territorios, una de las principales carencias del sistema vigente.
Lo riesgos siguen intactos
No obstante, el balance en conjunto es crítico. De la Fuente sostiene que “el daño político del acuerdo con ERC ya está hecho” y que, aunque no llegue a materializarse plenamente, ha legitimado el marco discursivo del agravio fiscal y de la soberanía tributaria, dejando abierta la puerta para que el debate resurja más adelante.
Además, FEDEA considera que la apuesta por un modelo descentralizado de gestión tributaria, incluso en su forma suavizada, podría romper en la práctica el principio de “caja única” y debilitar la posición financiera del Estado. El análisis subraya que la multiplicación de agencias tributarias autonómicas ocasionaría pérdidas de eficiencia, mayores costes administrativos y riesgos de coordinación, al trasladar parte de las funciones de la AEAT a administraciones con menor experiencia y recursos.
El documento también detecta señales de falta de respeto a la autonomía fiscal cuando esta implica bajadas de impuestos, y alerta sobre el impacto de una nueva inyección de recursos al sistema si no se clarifica su financiación ni se asocian incentivos a la disciplina presupuestaria.
FEDEA pide una vía alternativa y pactada
La conclusión del análisis es que, a día de hoy, no está garantizado que el plan del Gobierno sea un punto de partida sólido para una reforma del SFA que responda al interés general del país. FEDEA propone buscar una vía alternativa que recoja las reivindicaciones razonables del modelo catalán sin poner en riesgo los principios de solidaridad territorial ni la capacidad financiera de la Administración central.
El documento concluye con un llamamiento a los dos grandes partidos nacionales: dejar a un lado la confrontación y abrir una negociación de Estado, que permita una reforma estable, pactada y centrada en el conjunto del país.