En el conjunto de España, los ingresos de los caseros son un 82% superiores a los de los inquilinos, con una diferencia media de 23.638 euros anuales. En términos de renta mediana, los arrendadores alcanzan los 52.449 euros frente a los 28.810 euros de quienes viven de alquiler. En comunidades como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias, esta distancia se amplía hasta el punto de que los ingresos de los propietarios ya suponen el doble que los de los inquilinos.
El informe, impulsado por el departamento que dirige el ministro Pablo Bustinduy, alerta además del impacto que tendrá la renovación de contratos en los próximos años. Si los alquileres que expiran en 2026 y 2027 se actualizan a precios de mercado, la brecha de ingresos entre caseros e inquilinos afectados crecería en 2.216 euros de media, elevando la renta mediana de estos propietarios hasta los 54.665 euros.
En términos de volumen, los contratos firmados en 2021 que finalizarán en 2026 ascienden a 632.369 en toda España, mientras que los rubricados en 2022 y que vencerán en 2027 suman otros 405.234. Los primeros afectarían a cerca de 1,6 millones de personas, cifra que se elevaría hasta casi 2,7 millones si se incluyen también los contratos que podrían caducar en 2027, un escenario que preocupa especialmente en regiones como Castilla-La Mancha, donde el peso del alquiler ha crecido en los últimos años.
El Ministerio de Consumo subraya que este desequilibrio se produce en un contexto de fuerte encarecimiento del mercado del alquiler. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el precio medio ofertado en España ha pasado de 10,85 a 14,5 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida acumulada del 34,3%, según los informes de Idealista. Un incremento que tensiona de forma especial a los hogares con menor renta, mayoritarios entre los inquilinos.
En el plano político, el debate sobre cómo afrontar esta situación también ha llegado al primer plano. El grupo plurinacional Sumar ha rechazado la posibilidad de conceder incentivos fiscales a los caseros que no suban el alquiler en la renovación de contratos, una medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A su juicio, se trata de una iniciativa “ineficaz” e “injusta” ante la profunda desigualdad de ingresos entre propietarios e inquilinos que reflejan los datos.
Como alternativa, Sumar defiende la renovación automática de los contratos de alquiler con la única actualización del IPC, una fórmula ya aplicada durante la pandemia y que, según el grupo, permitiría proteger de manera inmediata a más de 1,6 millones de personas en 2026 sin agravar la situación de los inquilinos. Para Castilla-La Mancha, donde la brecha de renta ya es estructural, el informe de Consumo refuerza el argumento de quienes reclaman una intervención más decidida del mercado del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda.