Inquilinos

Los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno vuelven a colocar sobre las administraciones públicas una parte creciente del coste de la protección de los inquilinos vulnerables. El principal de los dos reales decretos-ley publicados este miércoles en el BOE establece que, si una persona en situación de vulnerabilidad no puede pagar el alquiler y la Administración no le proporciona una alternativa habitacional en un plazo de dos meses, será la propia Administración la que tendrá que asumir la deuda con el propietario para impedir el desahucio.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado este viernes que sería “enormemente arriesgado” que Pedro Sánchez no convocara elecciones generales si el Congreso de los Diputados rechaza los dos decretos de vivienda que el Gobierno somete hoy a convalidación.

La crisis de la vivienda ha dejado de ser exclusivamente un problema de acceso para los hogares. En una economía que necesita trabajadores para sostener su crecimiento, la disponibilidad de alojamiento empieza a convertirse también en una variable de competitividad empresarial.