España cuenta con cerca de 27 millones de viviendas, de las cuales alrededor de 3,9 millones se destinan al alquiler como residencia habitual. Esto implica que algo más del 20 % de los hogares vive de alquiler, una proporción que ha crecido de forma constante durante la última década y que se concentra especialmente en grandes áreas urbanas y zonas con elevada presión demográfica y económica.
Sin embargo, dentro de ese volumen total, el peso del alquiler público es claramente residual. El parque de vivienda pública en alquiler en España ronda las 318.000 unidades, según estimaciones construidas a partir de datos oficiales parciales y de la actividad reciente de comunidades autónomas y ayuntamientos. De ese total, unas 197.000 viviendas dependen de administraciones autonómicas, mientras que alrededor de 121.000 corresponden a entidades locales, lo que confirma que el grueso de la política de alquiler social sigue recayendo en los gobiernos regionales.
Este volumen sitúa a España muy por debajo de la media europea en vivienda pública en alquiler y explica por qué, en momentos de escasez de oferta o de subidas de precios, la mayor parte de la demanda termina desplazándose al mercado privado, incluso en segmentos de renta media y baja.
Castilla-La Mancha: un parque reducido y de gestión autonómica
En este contexto nacional, Castilla-La Mancha cuenta con un parque estimado de unas 8.000 viviendas públicas en alquiler, una cifra modesta si se compara con comunidades como Cataluña (50.000), Andalucía (40.000) o la Comunidad de Madrid (25.000), pero coherente con territorios de tamaño y estructura socioeconómica similares.
A diferencia de otras regiones donde los ayuntamientos juegan un papel decisivo a través de grandes empresas municipales de vivienda, en Castilla-La Mancha el parque público depende mayoritariamente de la Junta, lo que concentra en el Ejecutivo autonómico la gestión directa, la planificación y también los riesgos financieros asociados. Mientras ciudades como Madrid o Barcelona superan por sí solas las 8.000 viviendas públicas en alquiler, en la región ningún municipio alcanza cifras comparables, reforzando el carácter autonómico del modelo castellanomanchego.
Un mercado dominado por pequeños propietarios
Más allá del parque público, el alquiler de vivienda descansa casi por completo sobre el sector privado. Más del 90 % de las viviendas en alquiler pertenecen a pequeños propietarios, muchos de ellos con uno o dos inmuebles que funcionan como complemento de renta o ahorro familiar. Esta estructura hace al mercado especialmente sensible a cualquier aumento del riesgo de impago o a la percepción de inseguridad jurídica.
En paralelo, en los últimos años se ha producido una reducción del parque de alquiler de larga duración, con miles de viviendas que han abandonado el mercado tradicional para destinarse a otros usos o que directamente han dejado de ofertarse ante la incertidumbre regulatoria y económica.
La morosidad, un factor de presión creciente
Uno de los principales focos de preocupación es el aumento de la morosidad. La deuda media por inquilino moroso en España se sitúa cerca de los 8.000 euros, lo que equivale a más de siete meses de rentas impagadas de media. Este volumen de deuda tiene un impacto especialmente relevante sobre los pequeños propietarios, que constituyen la base del sistema.
El fenómeno no es homogéneo en todo el territorio. Comunidades como Cataluña, Baleares o Madrid concentran los niveles más elevados de deuda media por impago, con importes que superan los 9.000 y 10.000 euros por inquilino moroso. En el extremo contrario, regiones como Extremadura, La Rioja, Castilla y León o la propia Castilla-La Mancha registran cifras inferiores, aunque no por ello irrelevantes en términos de impacto económico y social.
Cómo la vivienda pública regula los precios
Más allá de su función social, la vivienda pública en alquiler actúa como mecanismo de regulación del mercado, ayudando a moderar la escalada de precios en el mercado privado. Lo hace de varias formas:
Aumentando la oferta: Introduce unidades adicionales para familias de renta baja y media, reduciendo la presión sobre los alquileres privados.
Sirviendo como referencia de precios: Las rentas públicas suelen ser más bajas que las del mercado, conteniendo indirectamente las subidas en el sector privado.
Reduciendo la concentración de demanda en el mercado privado: Menos competencia por las viviendas privadas ayuda a estabilizar precios, especialmente en zonas tensionadas.
Favoreciendo la estabilidad de arrendamientos: Contratos de larga duración en el parque público disminuyen la rotación de inquilinos en el mercado privado.
En este sentido, aunque la vivienda pública no rebaja directamente los precios de todo el mercado, funciona como amortiguador de tensiones, promoviendo estabilidad, accesibilidad y cohesión social.
Un doble desafío para la región
La radiografía del alquiler en España deja a Castilla-La Mancha ante un doble reto estratégico. Por un lado, ampliar un parque público todavía limitado para ganar capacidad de intervención en el mercado y dar respuesta a la demanda social. Por otro, garantizar la viabilidad económica y la sostenibilidad financiera de ese parque en un contexto de presión creciente sobre el alquiler y de riesgos de impago que ya se reflejan con claridad en el mercado privado.
Mientras no se corrija el desequilibrio entre oferta y demanda ni se refuerce de forma decidida la vivienda pública en alquiler, el sistema seguirá descansando mayoritariamente sobre un sector privado fragmentado y vulnerable, con efectos directos sobre precios, estabilidad residencial y cohesión social.