Castilla-La Mancha ha experimentado uno de los avances más rápidos de la privatización sanitaria entre las comunidades autónomas españolas durante la última década. El duodécimo informe sobre "La privatización sanitaria de las CCAA 2026", elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), sitúa a la región con una puntuación de 19 puntos sobre un máximo de 34, frente a los 10 puntos que obtenía en 2014. El incremento acumulado alcanza así el 90%, uno de los cinco mayores del conjunto autonómico.
La cifra coloca a Castilla-La Mancha por debajo de la media de las comunidades, situada en 21,8 puntos, y lejos de los niveles de Madrid (34), Baleares (28), Cataluña (28), Canarias (26) o País Vasco (24). Sin embargo, la evolución registrada por la región desde 2014 es uno de los elementos que más destaca el estudio: solo Asturias (+95,8%) y Extremadura (+94,4%) presentan un crecimiento superior.
El informe, que FADSP publica anualmente desde 2014, no pretende medir el volumen absoluto de recursos públicos que se transfieren a empresas privadas, sino establecer una comparación entre las comunidades a partir de diferentes indicadores relacionados con el aseguramiento privado, el gasto sanitario de las familias, la contratación de servicios privados y el peso de los recursos privados dentro del sistema sanitario.
Castilla-La Mancha acelera desde la pandemia
La trayectoria de Castilla-La Mancha muestra un cambio especialmente significativo a partir de 2020. La puntuación de la región pasó de 10 puntos en 2014 a 11 en 2015, 11 en 2016, 12 en 2017, 9 en 2018, 13 en 2019 y 15 en 2020. Posteriormente, el índice siguió aumentando hasta los 18 puntos de 2024 y 2025 y los 19 de 2026.
La evolución no ha sido lineal, pero el resultado final supone prácticamente duplicar el nivel registrado al comienzo de la serie.
Más gasto privado de las familias
Uno de los indicadores que explica esta evolución es el incremento del gasto sanitario que realizan directamente los hogares.
Según los datos recopilados por FADSP a partir del INE, el gasto sanitario de bolsillo por habitante en Castilla-La Mancha alcanza los 638,25 euros anuales, frente a una media de 576,3 euros en el conjunto de las comunidades autónomas analizadas.
La diferencia es significativa: Los castellanomanchegos destinan directamente a gastos sanitarios unos 62 euros más por persona y año que la media autonómica.
Además, el crecimiento desde el inicio de la serie es especialmente elevado. En 2014 el gasto de bolsillo en Castilla-La Mancha se situaba en 325 euros por habitante, por lo que los 638,25 euros actuales representan un incremento de aproximadamente el 96,3%.
Es, de hecho, el mayor crecimiento porcentual registrado en este indicador entre las comunidades recogidas en la tabla de FADSP.
La federación advierte, no obstante, de que este indicador debe interpretarse con cautela porque el gasto de bolsillo no procede exclusivamente de servicios sanitarios privados contratados como alternativa a la sanidad pública. Incluye también prestaciones no cubiertas por el Sistema Nacional de Salud, como buena parte de la atención odontológica, además de copagos y otros desembolsos.
También aumenta el aseguramiento privado
El segundo gran indicador de la evolución de la privatización es el gasto destinado a seguros sanitarios privados. En Castilla-La Mancha, el gasto en seguros privados alcanza los 158 euros por habitante y año, frente a una media autonómica de 210,35 euros. La región se encuentra, por tanto, por debajo del promedio nacional.
Pero la fotografía cambia cuando se analiza la evolución. En 2014 el gasto en seguros privados era de 74 euros por habitante, frente a los 158 actuales. El incremento acumulado alcanza el 113,5%. Castilla-La Mancha aparece así entre las comunidades donde más ha aumentado este componente de la sanidad privada.
El fenómeno no es exclusivo de la región. FADSP señala que el aseguramiento privado se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento del sector sanitario privado español. Según los datos manejados por el informe, en 2025 se alcanzó un máximo histórico de 14,2 millones de personas aseguradas en España, con un crecimiento especialmente intenso desde 2020.
La tesis de la federación es que el aumento de las dificultades para acceder a determinados servicios de la sanidad pública, especialmente por las listas de espera, está favoreciendo que parte de la población que puede permitírselo recurra al sector privado.
Un 27,6% de las consultas de especialistas, vinculadas al sector privado
Otro de los datos que destaca en el caso castellanomanchego es la utilización de los servicios privados. El informe sitúa en 27,6% el porcentaje de personas que han acudido a consultas de especialistas privados en Castilla-La Mancha, frente al 22,17% de media autonómica.
También es superior a la media el recurso al médico general privado: 22,3% en Castilla-La Mancha frente al 21,42% de promedio.
La utilización de consultas privadas puede permitir a determinados pacientes adelantar diagnósticos o acceder antes a determinadas pruebas, rompiendo, según la federación, la igualdad de acceso vinculada a las listas de espera del sistema público.
Menor peso de las camas privadas y de la alta tecnología
La fotografía de Castilla-La Mancha no es, sin embargo, homogénea. La región presenta uno de los porcentajes más bajos de camas hospitalarias privadas sobre el total: Un 6%, frente al 26,53% de media de las comunidades autónomas analizadas.
También el peso de la alta tecnología instalada en hospitales privados es reducido: 9%, frente al 17,06% de media.
Estos dos indicadores explican en buena medida por qué Castilla-La Mancha no aparece entre las comunidades con mayor puntuación absoluta.
El contraste resulta significativo: La región tiene un peso relativamente reducido de los recursos hospitalarios privados, pero registra un fuerte crecimiento de otros componentes vinculados a la privatización, especialmente el gasto de bolsillo, los seguros privados y el recurso a especialistas privados.
La contratación con la privada: El 4,9% del gasto
El informe sitúa en 4,9% el porcentaje del gasto sanitario dedicado a conciertos con centros privados en Castilla-La Mancha.
La cifra es inferior a la media autonómica, situada en el 6,29%, aunque vuelve a mostrar que una parte de los recursos destinados a sanidad pública termina financiando servicios prestados por entidades privadas.
FADSP advierte de que esta cifra debe ser interpretada como un mínimo. La organización considera que existe un problema de transparencia en las cuentas sanitarias autonómicas porque determinados servicios contratados con empresas privadas pueden aparecer presupuestariamente bajo otras denominaciones, como transporte sanitario, terapias respiratorias, hemodiálisis o servicios de derivación asistencial.
Por ello, la propia federación señala que el indicador de conciertos infraestima el volumen real de recursos públicos que acaba en el sector privado.
El gran argumento: Las listas de espera
El informe identifica las listas de espera como el principal motor de la privatización sanitaria.
La lógica es sencilla: cuando el sistema público no ofrece una respuesta suficientemente rápida, una parte de los ciudadanos busca una alternativa privada. Quienes disponen de recursos económicos pueden contratar un seguro, acudir directamente a un especialista privado o pagar determinadas pruebas y tratamientos.
Para FADSP, este mecanismo genera una sanidad de dos velocidades: quien puede pagar obtiene un acceso más rápido, mientras que quien depende exclusivamente del sistema público queda sometido a los tiempos de espera.
La federación considera especialmente preocupante que las demoras se hayan extendido también a la Atención Primaria. Según el Barómetro Sanitario 2025 citado en el estudio, la demora media supera los siete días y el motivo más frecuente para buscar otra solución es que al paciente le dieron cita para muchos días después.
La consecuencia, según el informe, es un círculo que se retroalimenta: más demora pública, más utilización privada; más utilización privada, mayor crecimiento del sector privado y mayor transferencia de recursos hacia este.
El gasto privado crece mientras persisten las listas de espera
FADSP cuestiona que la externalización haya conseguido solucionar el problema que inicialmente pretende abordar.
La federación estima que la externalización de servicios sanitarios públicos hacia el sector privado alcanzó en 2025 alrededor de 11.000 millones de euros, pero sostiene que las listas de espera no se han reducido de manera suficiente.
Al mismo tiempo, han aumentado tanto los seguros médicos privados como el gasto directo de las familias.
El informe interpreta esta evolución como una evidencia de que la contratación de servicios privados no estaría resolviendo el problema estructural de accesibilidad del sistema público.
Una tendencia que trasciende a Castilla-La Mancha
La FADSP sostiene que el crecimiento de la privatización sanitaria no es exclusivo de determinadas comunidades ni responde únicamente a decisiones coyunturales.
Según sus datos, el fenómeno se ha producido en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, aunque con intensidades muy diferentes. El indicador global alcanza una media de 21,8 puntos y todas las comunidades presentan algún grado de participación privada en la prestación sanitaria.
El informe vincula esta evolución con el crecimiento del gasto sanitario privado, que estima en torno a 34.000 millones de euros en 2025, alrededor del 27% del gasto sanitario total.
La organización considera que esta expansión tiene consecuencias sobre la equidad, ya que el acceso a determinados servicios deja de depender exclusivamente de la necesidad sanitaria y empieza a estar condicionado también por la capacidad económica.
Además, el avance de la privatización sanitaria en Castilla-La Mancha coincide con una posición históricamente desfavorable de la comunidad en el sistema de financiación autonómica. La liquidación de 2024 analizada por FEDEA sitúa a Castilla-La Mancha en el grupo de regiones con menor financiación efectiva por habitante ajustado, con un índice inferior a la media nacional. Al mismo tiempo, el presupuesto sanitario por habitante cayó un 4,4% en 2025, según el Observatorio de Sanidad de FEDEA, frente a un incremento medio del 2% en las comunidades autónomas.