Óscar Puente ha anunciado este martes su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, seis días después de la tragedia ferroviaria de Urda, en la que fallecieron 69 personas y resultaron heridas cerca de 200. El ministro ha comunicado su decisión al término de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, después de haber defendido durante los últimos días que no existían razones para abandonar el cargo.
“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, ha afirmado Puente ante la Cámara. “Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos, es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas”.
La decisión supone un cambio radical respecto a la posición mantenida por el ministro desde el accidente del pasado 28 de octubre. Puente había insistido en que su manera de asumir responsabilidades era permanecer al frente del Ministerio, investigar lo ocurrido y aplicar las medidas necesarias para evitar que una tragedia similar volviera a producirse.
Su salida se produce, además, después de una jornada en la que el propio ministro había descartado públicamente cualquier dimisión. Apenas unas horas antes de comparecer en el Congreso, tras el Consejo de Ministros, Puente había asegurado que ningún integrante de Sumar le había pedido su salida dentro del Ejecutivo y que había recibido “muchas muestras de afecto y cariño”. También había defendido que no había tomado ninguna decisión ni cometido ninguna omisión política que hubiera contribuido al accidente.
Cinco días defendiendo su continuidad
La posición de Puente tras el accidente había sido clara desde el principio. El 30 de octubre, en su comparecencia ante los medios, rechazó presentar su dimisión y sostuvo que “mi forma de asumir responsabilidades es dar la cara”. Aseguró entonces que había decidido continuar al frente del Ministerio para ofrecer soluciones y recuperar la confianza de los ciudadanos en el ferrocarril.
Sin embargo, aquel mismo día trascendió que el ministro había puesto su cargo a disposición de Pedro Sánchez. Según explicó posteriormente el propio Puente, el presidente del Gobierno rechazó esa posibilidad porque consideraba que su dimisión habría sido “injusta”. El ministro afirmó que, si Sánchez le hubiera pedido que diera un paso atrás, lo habría hecho.
Puente llegó a resumir su posición en que “lo fácil” para él habría sido marcharse, pero que no era su carácter ni lo que le había pedido el presidente. Su argumento era que todavía no existían conclusiones definitivas sobre las causas del accidente y que no podía confundirse la exigencia de responsabilidades políticas con la búsqueda inmediata de un culpable.
El ministro había defendido también que no había adoptado ninguna decisión política que hubiera contribuido al siniestro. Este mismo martes, horas antes de anunciar su dimisión, insistió en que no había tomado ninguna decisión que hubiera causado el daño, que tampoco había omitido ninguna actuación que hubiera contribuido al accidente y que, cuando tuvo que responder, había estado “dando la cara”.
La presión política en aumento
La presión sobre Puente aumentó progresivamente desde el día siguiente al accidente. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó el 29 de octubre responsabilidades políticas y calificó de “imprescindibles” esas responsabilidades desde el punto de vista ético y moral. Aunque inicialmente evitó pedir expresamente la dimisión del ministro, señaló directamente a Puente tras recordar que Adamuz y Urda habían dejado más de un centenar de fallecidos en el mismo corredor ferroviario.
Ese mismo día, Sumar, ERC y Podemos reclamaron que Puente compareciera en el Congreso. El ministro terminó solicitando él mismo su comparecencia ante la Diputación Permanente para el 3 de noviembre.
La petición de dimisión se hizo explícita el 30 de octubre. Ada Colau, candidata del Frente Amplio, trasladó a Moncloa la exigencia de que Puente abandonara el cargo y defendió que la responsabilidad política era una vía para reconstruir la confianza en el sistema ferroviario.
En paralelo, dirigentes del PP, Vox y varios gobiernos autonómicos exigieron su salida. Feijóo llegó a plantear que la dimisión de Puente sería “imprescindible, pero insuficiente”, mientras Vox elevó el tono de sus críticas.
La presión alcanzó también a los socios parlamentarios del Gobierno. Junts y PNV reclamaron responsabilidades y la salida del ministro; Podemos defendió la necesidad de depurar responsabilidades políticas y ERC anunció que esperaría a escuchar las explicaciones de Puente antes de fijar su posición. EH Bildu fue el único de los grupos relevantes que no había reclamado su dimisión antes de la comparecencia.
Una Diputación Permanente convertida en examen político
La comparecencia de este martes se produjo ante una Diputación Permanente de 69 miembros, el órgano que mantiene la actividad parlamentaria durante la disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La composición de este órgano hacía especialmente incómoda la posición de Puente. PP, Vox, Junts y PNV sumaban 35 de los 69 miembros y todos ellos habían anunciado que reclamarían responsabilidades políticas al ministro.
La sesión comenzó con un minuto de silencio por las víctimas. Después, Puente expuso la cronología del accidente y defendió las medidas aprobadas por el Gobierno para reforzar la seguridad ferroviaria.
El ministro explicó que durante la mañana del accidente se produjeron pérdidas de transmisión del sistema LZB y que varios trenes comunicaron al Centro de Regulación y Control esas incidencias. Entre ellas situó la comunicación del AVE 2080 a las 8.31 horas. La colisión se produjo a las 8.53 horas.
Pero las intervenciones de la oposición y de buena parte de los socios parlamentarios se centraron en la responsabilidad política del ministro.
La portavoz del PP, Ester Muñoz, sostuvo que lo ocurrido no podía considerarse un fallo puntual sino “un fallo sistémico”. Vox responsabilizó políticamente a Puente por los 116 fallecidos de los accidentes de Adamuz y Urda. Sumar volvió a reclamar su dimisión, mientras Gabriel Rufián, de ERC, cuestionó que un supuesto error humano pudiera justificar un sistema de seguridad que permitiera una colisión de esas características.
Junts, por su parte, situó el problema en la gestión del sistema ferroviario y cuestionó directamente la liberalización y la organización del servicio.
La mañana en Moncloa: Puente todavía rechazaba dimitir
La paradoja de la jornada es que la dimisión se ha producido después de que Puente defendiera durante la mañana exactamente la posición contraria.
Tras el Consejo de Ministros, el titular de Transportes anunció un paquete extraordinario de medidas para reforzar la seguridad de la alta velocidad, entre ellas la reducción temporal de frecuencias en la línea Madrid-Sevilla hasta el despliegue definitivo del ERTMS, sistemas de doble validación para determinadas órdenes de los controladores, mejoras tecnológicas en los centros de control y refuerzo de las plantillas.
El Gobierno aprobó además 30 millones de euros en ayudas para las víctimas y sus familiares, incluidos anticipos de indemnizaciones y ayudas directas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, Puente defendió también que la liberalización ferroviaria no podía considerarse la causa del accidente. Admitió que nunca había sido partidario de esa liberalización, pero sostuvo que revertirla sería jurídicamente imposible o tendría consecuencias económicas muy graves. Al mismo tiempo, negó que la red española estuviera saturada.
También criticó a la CNMC por haber destacado durante años las ventajas de la liberalización sin poner, a su juicio, suficiente atención en sus efectos negativos sobre los operadores.
Y, preguntado directamente por las peticiones de dimisión, mantuvo su negativa. Aseguró que los ministros de Sumar no se la habían pedido durante el Consejo de Ministros y que había recibido muestras de apoyo dentro del Ejecutivo.
El giro llegó en el Congreso
Horas después, ante la Diputación Permanente, Puente terminó modificando radicalmente su posición.
La explicación que ha ofrecido no ha sido la atribución directa de una responsabilidad personal por el accidente. De hecho, durante su intervención ha seguido defendiendo la actuación de su departamento y las medidas adoptadas tras la tragedia.
El argumento para su salida ha sido político y moral: la acumulación de dos accidentes ferroviarios de extrema gravedad en menos de un año.
El accidente de Adamuz, en Córdoba, dejó 46 fallecidos en enero. El de Urda ha elevado a 115 el número de víctimas mortales en los dos grandes siniestros ferroviarios registrados en la alta velocidad española durante este año.
La propia decisión de Puente se produce, por tanto, en unos términos diferentes a los que había utilizado hasta ahora. Frente al argumento de que no debía dimitir porque no había tomado decisiones que hubieran provocado el accidente, el ministro ha situado finalmente su salida en la responsabilidad política asociada al cargo y en la necesidad de empatizar con las víctimas.
“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, ha afirmado.
Y ha añadido: “Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos, es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas”.
La dimisión pone así punto final a cinco días de resistencia política y abre ahora una nueva incógnita para el Gobierno de Pedro Sánche y el curso de la campaña política de cara a las Elecciones Generales del 29-N.