La jueza que instruye la investigación del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha requerido «de forma urgente» a la empresa de grúas contratada por ADIF y Renfe que ponga a disposición de los trabajos todos los operarios necesarios para continuar con la retirada de los vagones y la búsqueda de posibles restos humanos en la zona del siniestro.
La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz ha dictado una providencia en la que exige a la empresa que establezca los turnos necesarios para relevar a los trabajadores que llevan participando en las labores desde el accidente. El objetivo es garantizar la continuidad de los trabajos y evitar nuevas interrupciones por falta de personal.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), el requerimiento fue acordado y notificado el sábado, 31 de octubre, ante la necesidad de mantener durante toda la noche las operaciones de retirada de los convoyes siniestrados. Sin embargo, los trabajos no pudieron desarrollarse de forma ininterrumpida durante la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre debido a la insuficiencia de operarios de la empresa de grúas.
Las labores se reanudaron durante la mañana de este domingo, con el objetivo de avanzar en la retirada de los vagones y completar la inspección de la zona del accidente.
Localizar todos los posibles restos
La decisión judicial responde a la necesidad de localizar todos los posibles restos que todavía puedan permanecer en el lugar donde se encuentran los trenes accidentados. La magistrada pretende que estos trabajos se desarrollen con la mayor rapidez posible para facilitar su entrega a los familiares de las personas fallecidas.
La búsqueda continúa, por tanto, como una de las prioridades de las actuaciones judiciales y de los equipos que trabajan sobre el terreno, mientras prosiguen las operaciones para retirar los convoyes.
Prohibida la difusión de imágenes de las víctimas
Al margen del requerimiento relativo a los medios humanos, la jueza ha dictado también un auto que prohíbe expresamente la obtención, divulgación o publicación de información e imágenes relativas a las víctimas del accidente ferroviario y a sus familiares.
La medida persigue preservar su intimidad, integridad y dignidad, así como evitar situaciones de revictimización derivadas de la difusión de contenidos relacionados con el siniestro.
La prohibición no impide, no obstante, la difusión de aquellos datos que resulten necesarios para facilitar la identificación de las víctimas.
El procedimiento judicial continúa bajo secreto de sumario, por lo que las actuaciones de instrucción y la información incorporada a la investigación permanecen reservadas.
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