Un borrador para el que, según aseguran estas entidades en nota de prensa, no se ha contado con ninguna entidad del mundo rural.
De esta manera, la Asociación de Turismo Cinegético y Rural del Campo de Montiel y Campo de Calatrava, la Federación Empresarial de Ciudad Real FECIR, la Asociación de Ganaderos y Agricultores, alcaldes de la provincia y el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real han expresado su "sorpresa y disconformidad" ante un Decreto que, según afirman, va en contra del desarrollo de los pueblos y zonas rurales.
Para estas asociaciones, "no se pueden establecer limitaciones para una especie que ha superado las 500 parejas, gran parte de ellas presentes en la región, gracias al esfuerzo de la misma gente del medio rural a la cual se establecen limitaciones".
En la 'clasificación y regulación de usos, aprovechamientos y actividades en áreas críticas y zonas de dispersión', se produce una importante limitación de usos al control de especies de caza mayor o menor como el conejo, que provocará -según advierten estos colectivos- problemas de daños a los cultivos agrícolas, exigiendo un informe técnico de evaluación de daños para pedir dichos permisos.
Otro de los puntos de "conflicto", según argumentan estos colectivos, es que se abre la posibilidad de limitar la actividad agraria, cinegética o forestal "cuando resulte necesario preservar la tranquilidad en las inmediaciones de las zonas de nidificación", es decir, "se puede llegar a prohibir la actividad cinegética o los usos agrarios en las zonas de nidificación dentro y fuera de las áreas críticas en un radio de 1.000 metros. Asimismo, dicen, se producen limitaciones para las actividades forestales en un radio de 1.000 metros en torno a los nidos, incluso situados fuera del área crítica.
En cuanto a los cuarteles comerciales de caza, "territorios cinegéticos en buena parte responsables del crecimiento exponencial de la especie", se ponen "muchas limitaciones" a su constitución y se prohíbe la munición con plomo en 2 años, cuando esta prohibición fuera de humedales -recalcan los colectivos- no está presente en ningún territorio de España y, sobre todo, cuando no hay ningún estudio que demuestre la afección del plomo a las águilas imperiales.
En definitiva, recoge el comunicado, este Decreto ha puesto de acuerdo a toda la gente del mundo rural dado que en lugar de reconocer la labor que se ha hechos desde los municipios y desde los titulares de cotos en llegar a una cifra de 500 parejas en muy pocos años, "se ha regulado como si se tratara de una especie en peligro de extinción", lo que provocará "un rechazo generalizado de la sociedad", declaran.
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