Sólo ahora, cuando es de interés para negociar la presidencia de Cataluña, el gobierno está dispuesto a decidir lo que lleva diez años atascado. Tanto la ministra de Hacienda, como el presidente del gobierno, se han mostrado partidarios de una financiación singular para Cataluña.
Esta posición ha levantado ampollas no sólo en el Partido Popular, sino en el PSOE del resto de las Comunidades afectadas y en algunos de los partidos regionalistas que apoyan al gobierno, como es el caso de Compromís, en la Comunidad Valenciana, que es junto a Canarias, Murcia y Castilla-La Mancha, la peor financiada del sistema.
Tanto pedir responsabilidad en la renovación del Consejo del Poder Judicial y tanto olvido de las cosas de comer, como es la financiación autonómica. Ambos temas están contemplados en la Constitución y el gobierno y la oposición deberían dar una solución a ambas cuestiones.
Lo malo es que no se pierde el interés particular, el del gobierno o el de la oposición, y se olvida el interés general.
Hasta ahora al gobierno no le ha interesado abordar la negociación de la financiación porque todas las regiones (y así lo acordaron en 2017 las nueve regiones gobernadas entonces por el PSOE y con María Jesús Montero, entonces consejera de Hacienda de Andalucía, a la cabeza) reclamaban que el gobierno cediera más fondos a las Comunidades como primer paso. El segundo era cómo hacer la distribución del total del dinero entre las diferentes regiones.
Por aquel entonces, la ahora titular de Hacienda reclamaba 16.000 millones de euros adicionales para las regiones españolas. Esa cuantía, a día de hoy, se aproximaría a los 20.000 millones de euros. El gobierno central no ha estado dispuesto a perder 20.000 millones para dárselo a las Comunidades, de ahí que el modelo de financiación no se haya renovado
De hecho, el gobierno no ha dudado en incumplir el acuerdo de investidura alcanzado con Compromís, que exigía un nuevo modelo de financiación a cambio del apoyo a Pedro Sánchez.
Ahora la necesidad de hacer presidente a Salvador Illa en Cataluña (la Comunidad que mantiene el pulso del voto en el PSOE) y de evitar un castigo de los nacionalistas a Pedro Sánchez ha hecho posible lo que hasta hace poco era imposible. Cueste 20.000 millones o 50.000 o aún más, si se tiene en cuenta la condonación de la deuda de algunas regiones (no todas) con el Estado a través de los fondos extraordinarios de financiación, que no son sino créditos con los que algunas regiones cubren sus déficits y los desequilibrios de la financiación ordinaria.
A la vista de cómo se han producido los acontecimientos, la izquierda nacionalista catalana puede más que la izquierda regionalista valenciana, que sigue apoyando a Sánchez como lpresidente a pesar del incumplimiento de la mejora de la financiación de la Comunidad Valenciana, la más ionfradotada, lo que le ha llevado a ser la más endeudada, con una ratio del 41% de su PIB.
La decisión de la otrora defensora de la multilateralidad, María Jesús Montero, de otorgar una financiación singular a Cataluña se ha convertido en una espoleta que puede hacer saltar las costuras del propio gobierno y del PSOE. Lo ha dejado claro el presidente de Castilla-La Mancha, también algunas federaciones socialistas, contrarias a esa singularidad y firmes con la postura acordada en 2017 por el PSOE: Negociación para todos y entre todos, más dinero y un modelo que corrija las deficiencias actuales.
Ni Castilla-La Mancha ni los socialistas de Aragón, Extremadura o Andalucía han cambiado. Es el gobierno socialista el que se desvía de la ortodoxia socialista (marcada en la Declaración de Granada de 2013, en la Declaración de Barcelona de 2017 y en la Resolución del partido sobre aspectos centrales de la financiación autonómica y local de 2017, que pueden consultarse en la web del PSOE) por un mero interés coyuntural.
Por otra parte, sorprende que el Gobierno, que tanto ha criticado a la oposición por no cumplir con la renovación del mandato del Consejo del Poder Judicial, se haya olvidado interesadamente de otra cuestión constitucional, como es el modelo de financiación autonómica y que este se recupere de forma interesada, en un momento interesado y con un planteamiento interesado.
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