Con este acuerdo, que se publicará este sábado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el Ejecutivo autonómico pretende garantizar la plena efectividad del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las personas interesadas, así como evitar la caducidad indebida de procedimientos administrativos.
Como ha recordado la Junta en nota de prensa, el pasado 28 de abril se produjo una interrupción generalizada del suministro eléctrico en todo el territorio peninsular que afectó al normal funcionamiento de los servicios públicos y a los sistemas utilizados en la tramitación de los procedimientos administrativos, incidiendo en el ejercicio de los derechos de los interesados.
Estas circunstancias generaron dificultades para la presentación de solicitudes o documentos, tanto de forma electrónica como de manera presencial. Asimismo, por las condiciones sufridas, no pudieron realizarse en plazo determinadas actuaciones administrativas necesarias para la instrucción o resolución de los procedimientos administrativos.
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