A través de seis títulos, 71 artículos, tres disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y once disposiciones finales, la ley distingue tres bloques de acción, el primero de los cuales recoge de medidas de simplificación en el procedimiento de tramitación administrativa, reducción de plazos y armonización de informes, así como el establecimiento de silencio estimatorio y del uso de las declaraciones responsables.
Además, introduce la regulación de las unidades administrativas de apoyo para asistir a órganos administrativos "en momentos puntuales, cuando razones de urgencia o necesidad lo hagan necesario"; la generalización del sentido estimatorio de los silencios y de la utilización de las declaraciones responsables y el doble silencio positivo.
Un segundo bloque, es la introducción de las entidades colaboradoras de la Administración, que serán aquellas personas jurídicas que, debidamente autorizadas, realicen funciones de informe y certificación al objeto de acreditar la verificación de la documentación de la persona interesada dentro de un procedimiento. Una herramienta "ampliamente extendida" en la Administración del Estado y en otras regiones, que excluye "siempre" que estas entidades puedan hacer ejercicio de autoridad.
Finalmente, el tercer bloque de medidas regula la administración digital y la utilización de nuevas herramientas como la Inteligencia Artificial o la automatización de procedimientos a fin de aportar seguridad jurídica tanto a los empleados públicos como al destinatario de los servicios.
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