Porque conviene decirlo con claridad: la responsabilidad última de la planificación, refuerzo e inversión en las redes de transporte eléctrico es del Gobierno central. Y esa responsabilidad, en el caso de Castilla-La Mancha, no se ha ejercido con la ambición ni la anticipación que exigía el despliegue masivo de renovables impulsado desde el propio Ejecutivo.
Un cuello de botella creado desde arriba
El problema ya no es si hay energía suficiente. La hay, y de sobra. El problema es si esa energía puede transformarse en industria, empleo y población estable. Y hoy, en demasiados puntos de Castilla-La Mancha, la respuesta es negativa porque el Estado no ha acompañado la transición energética con la inversión necesaria en redes.
Durante años se han autorizado parques solares y eólicos, se han fijado objetivos climáticos ambiciosos y se ha incentivado la generación, pero no se ha reforzado al mismo ritmo la infraestructura eléctrica que permite aprovechar esa energía en el propio territorio. El resultado es un sistema tensionado, sin capacidad para conectar nuevos proyectos industriales ni grandes consumos.
No es un fallo del mercado ni una casualidad técnica. Es una decisión política por omisión.
Inversiones que se pierden por falta de planificación estatal
Cuando una empresa quiere instalarse o ampliar su actividad en Castilla-La Mancha y se encuentra con que no hay potencia disponible, no espera a que el problema se resuelva. Se va. Y esa decisión tiene un origen muy concreto: la falta de planificación estatal en la red de transporte y distribución, que depende de organismos y empresas reguladas por el Gobierno central.
Sectores estratégicos como la industria agroalimentaria avanzada, la logística, la transformación industrial, los centros de datos o el hidrógeno verde encuentran hoy en la red eléctrica su principal obstáculo. Y no porque la región no tenga recursos, sino porque el Estado no ha hecho su parte.
Castilla-La Mancha cumple, produce, aporta y exporta. Pero Madrid no devuelve en infraestructuras lo que la región aporta al sistema energético nacional.
Energía que se va, futuro que no se queda
Esta situación tiene una consecuencia directa sobre la demografía. No se puede hablar seriamente de lucha contra la despoblación mientras el Gobierno central permite que regiones enteras queden bloqueadas por falta de capacidad eléctrica.
La despoblación no se combate con discursos ni con planes teóricos. Se combate con empleo, con industria y con expectativas reales. Y esas expectativas hoy se frustran porque el Estado no ha invertido lo suficiente en una infraestructura clave para el desarrollo del interior peninsular.
La paradoja es evidente: comarcas que sostienen la transición energética nacional ven cómo sus jóvenes se marchan porque los proyectos que podrían fijarlos no pueden conectarse a la red.
El riesgo de un nuevo centralismo energético
Si no se corrige esta situación, Castilla-La Mancha corre el riesgo de quedar atrapada en un modelo profundamente injusto: territorio productor de energía para que otros crezcan, mientras aquí se acumulan las limitaciones, los impactos paisajísticos y la pérdida de oportunidades.
Ser potencia energética sin retorno industrial es una nueva forma de centralismo económico. Uno más sutil, pero igual de dañino.
Exigir responsabilidades y cambiar el rumbo
Este no es un problema técnico, es un problema político. El Gobierno central debe asumir su responsabilidad y priorizar de manera urgente la inversión en redes eléctricas en Castilla-La Mancha, si de verdad cree en una transición energética justa y equilibrada territorialmente.
La red eléctrica es infraestructura crítica. Sin ella no hay industria, no hay inversión y no hay demografía que aguante.
Castilla-La Mancha ya ha hecho su parte. Ahora le toca al Estado dejar de mirar hacia otro lado y conectar a la región con su propio futuro.
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