ANPE reclama una regulación urgente para proteger al profesorado en los viajes educativos

Según denuncia la organización sindical, los docentes asumen durante estos desplazamientos una responsabilidad permanente sobre el alumnado —las 24 horas del día— sin contar con un respaldo normativo claro, ni con compensación económica o reducción de su carga lectiva. Esta situación, advierte ANPE, genera inseguridad jurídica y una sobrecarga profesional que la Administración “no puede seguir ignorando”.

Entre sus principales reivindicaciones, el sindicato plantea la necesidad de establecer una retribución específica para estos viajes, considerándolos servicios extraordinarios. Asimismo, propone articular fórmulas de compensación, como la reducción de horas lectivas o la concesión de días de libre disposición que reconozcan la dedicación continuada del profesorado.

ANPE también subraya la importancia de reforzar la protección jurídica de los docentes, garantizando asistencia legal y delimitando de forma clara sus responsabilidades. En este sentido, reclama la implantación de seguros específicos que cubran tanto la responsabilidad civil como posibles incidencias que afecten al alumnado o al profesorado acompañante.

Además, el sindicato considera imprescindible la elaboración de protocolos claros y unificados para la organización de los viajes educativos, incluyendo procedimientos de actuación ante emergencias. A ello suma la necesidad de reforzar los equipos participantes, contemplando la incorporación de personal sanitario o de apoyo en los viajes de mayor complejidad.

Otra de las demandas clave pasa por garantizar el carácter voluntario de la participación del profesorado, evitando cualquier tipo de presión organizativa, así como impulsar formación específica en primeros auxilios, gestión de emergencias y responsabilidad legal.

Por último, ANPE reclama que estas actividades tengan un reconocimiento real en la carrera profesional docente, valorándose como mérito en los procesos de movilidad, y solicita la apertura de una mesa de negociación que permita revisar en profundidad el modelo actual de viajes educativos y establecer un marco normativo “seguro, justo y adecuado”.