Así lo ha manifestado el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, quien ha señalado que, por el momento, el Ejecutivo central no se ha puesto en contacto con la Junta ni ha convocado un consejo territorial para concretar el mecanismo de reparto entre las autonomías.
Desde Valdepeñas, donde ha participado en un acto institucional, Caballero ha pedido "prudencia" ante una situación que ha calificado de crisis humanitaria y ha apelado a rebajar la confrontación política. En este sentido, ha considerado que los partidos que se consideran demócratas y respetan la Constitución "deberían bajar el diapasón y dejar las soflamas para las campañas electorales".
El dirigente regional ha reiterado que Castilla-La Mancha está dispuesta a "trabajar, arrimar el codo y, sin duda, apostar por la solidaridad", aunque siempre dentro de la coordinación que corresponde al Gobierno de España.
Ceuta, desbordada tras la mayor crisis migratoria de su historia
Las declaraciones del vicepresidente regional llegan cuando Ceuta continúa gestionando las consecuencias de la mayor crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma. Según las últimas estimaciones oficiales, alrededor de 72.000 personas cruzaron irregularmente la frontera desde Marruecos en apenas una semana. Aunque la inmensa mayoría ha regresado ya al país vecino, miles de personas permanecen todavía en territorio ceutí.
El principal problema se concentra ahora en los menores extranjeros no acompañados. Las autoridades calculan que actualmente hay más de un millar de menores pendientes de tutela y distribución entre las comunidades autónomas, aunque la cifra definitiva dependerá del censo y de la identificación individual que continúa realizándose.
La situación ha llevado al límite la capacidad asistencial de Ceuta. La ciudad dispone de una capacidad estructural para apenas unas decenas de menores, pero los recursos de protección se encuentran ampliamente sobreocupados, obligando a habilitar espacios de emergencia y alojamientos provisionales.
Reparto entre comunidades y financiación extraordinaria
El Gobierno central pretende aplicar el mecanismo extraordinario de redistribución aprobado tras la reforma de la Ley de Extranjería, que obliga a repartir a los menores entre las comunidades autónomas cuando un territorio supera su capacidad de acogida. Desde la entrada en vigor de este sistema ya han sido trasladados más de 1.750 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras autonomías.
Para hacer frente al coste de la emergencia, el Ejecutivo ha aprobado una dotación extraordinaria de 25 millones de euros destinada a la atención de los menores afectados por esta nueva crisis migratoria, que se suma a otras partidas aprobadas previamente para reforzar el sistema de acogida en Ceuta.
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