La solicitud, que el Ejecutivo ha situado en torno a los 25.862 millones de euros, contempla 21.462 millones en transferencias y otros 4.400 millones en préstamos, vinculados al cumplimiento de 148 hitos y objetivos. El Ministerio de Economía ha confirmado que trabaja en esta última petición dentro del calendario fijado por la Unión Europea.
El calendario es especialmente ajustado. Aunque el despliegue y ejecución de las actuaciones del Plan debía culminar el 31 de agosto, los Estados miembros disponen hasta el 30 de septiembre para presentar las solicitudes finales. Posteriormente, la Comisión Europea deberá evaluar el cumplimiento de los compromisos antes de proceder a los pagos correspondientes.
78.000 millones ya recibidos
La dimensión económica de la última solicitud se entiende mejor al observar lo ocurrido hasta ahora. España ha recibido ya 78.000 millones de euros a través de los seis desembolsos realizados, después de haber cumplido 338 hitos y objetivos. Esta cantidad representa el 76,5% de los fondos asignados en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El sexto pago, aprobado este verano, ha permitido elevar el volumen de recursos recibidos hasta esos 78.000 millones, aunque su tramitación también ha puesto de manifiesto la complejidad de la fase final. La Comisión Europea dejó temporalmente suspendida una parte vinculada a tres hitos cuya evidencia de cumplimiento no había podido evaluarse todavía, por un importe de 537 millones de euros. El Gobierno prevé que estos elementos puedan quedar incorporados a la séptima solicitud mediante una adaptación técnica.
El último desembolso, por tanto, no constituye únicamente un trámite financiero. Supone la evaluación de una parte sustancial de los compromisos todavía pendientes y concentra en una única solicitud una cantidad equivalente a aproximadamente un tercio de lo que España ha recibido hasta ahora.
Si la Comisión valida finalmente el conjunto de compromisos, España superará los 100.000 millones de euros recibidos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de que termine 2026.
Un plan diseñado para cambiar la economía tras la pandemia
Los fondos Next Generation nacieron como respuesta europea a la crisis provocada por la Covid-19 y con una doble finalidad: acelerar la recuperación económica y financiar una transformación estructural de las economías europeas.
En España, el programa ha combinado inversiones con una amplia agenda de reformas. Digitalización, transición energética, movilidad sostenible, modernización de la Administración, vivienda, formación, industria, innovación y emprendimiento han concentrado buena parte de los recursos.
El Plan también ha servido para impulsar reformas legislativas de amplio alcance, entre ellas la reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones, además de diferentes cambios regulatorios vinculados a los compromisos asumidos ante Bruselas.
La ejecución se ha articulado asimismo mediante los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), concebidos para concentrar recursos públicos y privados en sectores considerados estratégicos.
Los últimos datos oficiales muestran la magnitud del despliegue. A finales de junio se habían cumplido 338 hitos y objetivos y se habían asignado cerca de 70.400 millones de euros a casi 1,5 millones de beneficiarios del sector privado y de los hogares.
La clave ya no es solo cuánto dinero llega, sino cuánto transforma
El cierre del Plan abre una segunda cuestión económica: cuál será el efecto permanente de los fondos sobre la productividad y la capacidad de crecimiento de la economía española.
El propio Gobierno ha defendido que el impacto no debe medirse exclusivamente por el volumen de subvenciones concedidas o por el número de proyectos financiados. La apuesta europea pretendía que una parte significativa de esos recursos modificase la estructura productiva, acelerase la digitalización, redujera la dependencia energética y aumentase la capacidad de inversión privada.
Los datos de ejecución ofrecen una primera aproximación. Según el Ministerio de Economía, a finales de mayo se habían convocado más de 95.400 millones de euros y resuelto 68.534 millones. El 70% de los beneficiarios eran microempresas y pymes, mientras que la modernización del tejido industrial concentraba el 25% de las concesiones y la transición energética otro 12%.
Pero el verdadero balance económico será necesariamente posterior al cierre administrativo del programa. Una subvención concedida no equivale automáticamente a una inversión productiva consolidada, del mismo modo que una reforma aprobada no garantiza por sí misma un incremento permanente de la productividad.
El efecto sobre el PIB, la inversión, el empleo, la productividad empresarial y la transformación energética y digital deberá analizarse durante los próximos años.
Menos préstamos europeos y más financiación nacional
Uno de los cambios más significativos respecto al diseño inicial del programa se encuentra en los préstamos.
España tenía inicialmente asignada una capacidad de financiación europea muy superior a la finalmente solicitada. Sin embargo, la mejora de las condiciones de financiación del Tesoro en los mercados ha reducido el atractivo relativo de los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La propia documentación del Plan señala que la diferencia entre el coste de financiación europeo y el de mercado se ha reducido prácticamente a cero, circunstancia que ha llevado a modificar el volumen de préstamos solicitado.
El resultado es un Plan que se apoya fundamentalmente en las transferencias directas, mientras que la financiación crediticia europea tendrá un peso considerablemente menor del inicialmente previsto.
Esta circunstancia también explica el intento del Gobierno de prolongar parte del efecto financiero del programa una vez desaparezca el mecanismo europeo.
El Fondo España Crece toma el relevo
La finalización del Next Generation no significa que desaparezca de golpe la financiación pública vinculada a los proyectos estratégicos. El Ejecutivo ha diseñado el Fondo España Crece, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para canalizar parte de los recursos restantes hacia nuevas inversiones.
El fondo contará con una base de recursos procedentes del Plan de Recuperación y pretende utilizar esa capacidad para atraer financiación privada. Entre sus áreas prioritarias figuran la vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento.
El objetivo declarado es multiplicar el efecto de los recursos públicos mediante préstamos, avales e instrumentos de capital y movilizar financiación privada nacional e internacional.
Es, en cierto modo, el intento de convertir el final de los fondos europeos extraordinarios en el comienzo de una etapa de financiación más permanente para proyectos estratégicos.
Una última evaluación con impacto económico y político
La solicitud que España debe presentar antes del miércoles no será, por tanto, únicamente el cierre administrativo de un programa extraordinario. Será también el punto de partida para evaluar qué parte de los recursos europeos ha llegado realmente a la economía y qué transformaciones permanecerán cuando desaparezca el apoyo financiero de Bruselas.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene previsto comparecer el 1 de octubre en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso para informar sobre el avance del Plan de Recuperación.
Con la última petición se cerrará el ciclo de los Next Generation en España, pero quedará abierta una cuestión de mayor recorrido: si el volumen excepcional de inversión pública movilizado desde 2021 se traduce en un aumento duradero de la productividad, la inversión privada y la capacidad de crecimiento de la economía española.
Si (
No(
