Desde el primer momento, los sindicatos advirtieron que la única posible causa del ERE era el traslado a Marruecos de parte de los trabajos de cosido y aparado que hasta el pasado verano se venían realizando en la fábrica de Fuensalida; y reclamaron a los Martín-Caro que evitaran en todo caso los despidos traumáticos, facilitando e incentivando las salidas de las personas de mayor edad, muchas de las cuales llevan hasta 50 años trabajando para la marca Pablosky.
El 4 de enero, la negociación del ERE finalizó sin el acuerdo de la parte social, que incidió en que las causas económicas eran "más que discutibles"; que la Memoria del ERE adolecía de múltiples carencias y defectos; que en ningún caso se justificaba la "brutal" destrucción de empleo pretendida por la empresa justo tras comenzar a deslocalizar producción a Marruecos; y que los Martín-Caro "no habían negociado con buena fe", reservándose información económica referente tanto a Calzados Pablo SLU como a otras filiales del grupo Pablosky, y al propio Grupo; seleccionando desde el inicio los colectivos de trabajadores a despedir y excluyendo a otros; "limitando al mínimo legal las indemnizaciones a abonar, y presionando a los trabajadores y, especialmente, a sus representantes sindicales".
Tras la negativa de la parte social a aceptar "estas actuaciones, intimidaciones y exigencias", la familia propietaria del Grupo Pablosky ha ejecutado --según denuncian los sindicatos-- los despidos este fin de semana, doce voluntarios de personas que querían abandonar la empresa y 34 forzosos; sin aguardar al informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y llamando a las personas afectadas a recibir y firmar sus cartas de despido "sin permitir que acudieran acompañadas de sus representantes sindicales, y ordenándoselo así expresamente".
Los sindicatos consideran que varios de los despidos forzosos son nulos, al afectar a personas a las que los Martín-Caro tuvieron que incorporar recientemente a la plantilla de Calzados Pablo SLU tras ser declaradas 'falsos autónomos' por la Inspección de Trabajo; y pedirán también la improcedencia del resto, por lo que les corresponderían indemnizaciones de 33 o de 45 días por año, frente a los 20 días/año, con un límite de una anualidad, más "una limosna" establecidos por su empresa en el ERE que los hermanos Martín-Caro han ejecutado sin acuerdo sindical.
Amén de la nulidad y/o a la improcedencia de los despidos, el comité de empresa y los sindicatos estudian demandar también a los Martín-Caro "por las presiones, advertencias e intimidaciones más o menos veladas, y más o menos virulentas que vienen trasladando día sí y día también a la plantilla en su conjunto, y muy especialmente a sus representantes sindicales, para obstaculizar o impedir la oposición al ERE; y que podrían constituir vulneraciones de derechos fundamentales".
Según los sindicatos, la propia privación a las personas despedidas de su derecho a tener el acompañamiento y respaldo sindical en el momento en que se les convocó individualmente a recibir la comunicación de la extinción de sus contratos, levantando a cada uno de los trabajadores afectados de sus puestos de trabajo entre las 10.30 y las 14.00 horas del viernes, pone en evidencia que, con la deslocalización de la producción a Marruecos, los Martín-Caro "no solo buscan abaratar costes laborales, sino también ejercer su actividad empresarial en un entorno más laxo en la exigencia de condiciones laborales dignas y con más limitados derechos de las personas trabajadoras".