En el mes de febrero, Hacienda detalló la metodología que determina el importe de cada comunidad que va a ser asumido por el Estado, aunque el departamento que dirige María Jesús Montero recuerda que la decisión final recae en cada Gobierno regional, que tendrá que decidir si quiere este planteamiento.
En cualquier caso, Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta. Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la situación de la condonación proponiendo que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.
FEDEA y AIReF, en contra
En los últimos meses tanto FEDEA como la AIReF han emitido comunicados en contra de la decisión del Gobierno. El catedrático y director de Fedea, Ángel de la Fuente, considera que la condonación incondicionada de deuda a las comunidades autónomas es una medida equivocada, ya que premia a los territorios más endeudados (como Cataluña) y genera un efecto desincentivador sobre la disciplina fiscal. En sus conclusiones, advierte de que la propuesta del Gobierno refuerza la idea de que las autonomías pueden gastar sin control, al recibir después un “seguro gratuito” frente a riesgos cíclicos, y alerta de que el reparto planteado es territorialmente injusto, al perjudicar a regiones infrafinanciadas como Murcia o la Comunidad Valenciana. De la Fuente plantea como alternativa un esquema más equilibrado: compensar primero la infrafinanciación acumulada en el periodo 2010-2022 y distribuir el resto de recursos en función de la población ajustada, una fórmula que, a su juicio, corrige desigualdades históricas y evita premiar los comportamientos financieros más irresponsables.
Por su parte, la AIReF respalda la condonación de deuda autonómica pero sólo si se acompaña de condicionalidad fiscal clara. La institución que dirige Crisitna Herrero alerta también alerta de que el ahorro en intereses, aunque reduce el déficit de las autonomías, no incrementa su capacidad de gasto en educación, sanidad o servicios sociales, ya que los intereses no se incluyen dentro del cálculo de la regla de gasto. Además, señala que desde una perspectiva contable, la condonación se traduce en un aumento equivalente de ingresos para las CCAA y de gasto para el Estado, situación que podría tensionar aún más las finanzas públicas. También critica el criterio de reparto empleado, especialmente la consideración del aumento del IRPF como “esfuerzo fiscal”, y aboga por valorar en su lugar el gasto computable, que incluye tanto ingresos como gastos, para medir de forma más justa la solvencia y responsabilidad fiscal de cada región.
Recorrido parlamentario
Pese a todo, la intención del Gobierno pasa por aprobar esta semana el proyecto de ley en el Consejo de Ministros, posteriormente el texto se enviará a las Cortes Generales para que continúe su recorrido parlamentario.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de febrero, el Gobierno consiguió sacar adelante esta propuesta gracias al voto favorable de las comunidades del PSOE, mientras que las regiones del PP se levantaron de la reunión y no llegaron ni siquiera a votar este asunto.
El Gobierno entendió este 'plante' de las comunidades del PP como una abstención, por lo que creen que no llegaron a votar directamente que no a esta propuesta porque, bajo su punto de vista, finalmente se acabarán acogiendo a ella si sale adelante y aunque la critiquen.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no tiene por el momento amarrados todos los votos en el trámite parlamentario de esta condonación de la deuda, ya que algunos socios como Junts han expresado sus dudas porque critican que la medida sea extensible a todas las comunidades.