La propuesta del Gobierno para regularizar a unas 500.000 personas en situación administrativa irregular en España abre un debate que va más allá de lo social o lo humanitario. En comunidades como Castilla-La Mancha, con déficit de mano de obra y problemas demográficos estructurales, la medida puede generar empleo formal y reforzar ingresos públicos, pero también plantea efectos económicos adversos que conviene anticipar.
La regularización extraordinaria de inmigrantes ha vuelto al centro del debate económico nacional. Según estimaciones recientes, en España viven alrededor de 840.000 personas en situación irregular, de las que el plan gubernamental aspira a regularizar unas 500.000 que acrediten residencia previa a finales de 2025 y carezcan de antecedentes penales. Se trata de personas que ya están en el país y forman parte de su economía, en muchos casos desde la informalidad.
Para Castilla-La Mancha, una región afectada por el envejecimiento poblacional, la despoblación rural y la escasez de trabajadores en sectores clave, la iniciativa puede suponer una oportunidad, aunque no está exenta de riesgos económicos y fiscales.
Castilla-La Mancha representa alrededor del 4%-5% de la población española y cuenta con una población extranjera (regular e irregular) que ronda el 11%-12% del total, según el INE. En 2023, la región registraba cerca de 238.000 extranjeros residentes.
Aplicando de forma orientativa el peso regional sobre la estimación nacional de inmigración irregular, algunos análisis sitúan la presencia de personas en situación irregular en Castilla-La Mancha en una horquilla entre 30.000 y 60.000 personas, de las cuales entre el 25%-50% podrían beneficiarse de la medida anunciada por el Gobierno central.
Más empleo formal y menos economía sumergida
El principal impacto positivo se produciría en el mercado laboral. Estudios económicos y experiencias anteriores indican que entre el 60% y el 80% de las personas regularizadas acaban incorporándose al empleo formal.
En términos regionales, esto supondría entre 14.000 y 16.000 nuevos trabajadores cotizando, principalmente en sectores con fuerte dependencia de mano de obra inmigrante: agricultura, campañas de recolección, hostelería, logística y cuidados de personas mayores y dependientes.
La regularización permitiría aflorar empleos ya existentes, reducir la economía sumergida y aportar estabilidad a sectores estratégicos. Sin embargo, también introduce un primer riesgo: una mayor oferta de trabajo en ocupaciones de baja cualificación, lo que puede intensificar la competencia laboral y ejercer presión a la baja sobre los salarios más bajos, especialmente en contextos de menor crecimiento económico.
Impacto fiscal: ingresos hoy, compromisos mañana
Desde el punto de vista de las cuentas públicas, la regularización suele tener un impacto positivo inicial. La formalización del empleo aumenta automáticamente las cotizaciones a la Seguridad Social y los ingresos por IRPF.
La regularización de 2005 mostró un saldo fiscal positivo en sus primeros años, con ingresos adicionales estimados en miles de euros por persona y año. Con salarios brutos de entrada situados entre 16.000 y 18.000 euros anuales, el impacto agregado en Castilla-La Mancha podría traducirse en cientos de millones de euros adicionales en recaudación y cotizaciones.
No obstante, el efecto no es lineal ni permanente. A medio y largo plazo, la regularización implica también nuevos compromisos de gasto. Los trabajadores regularizados pasan a tener acceso a prestaciones contributivas —desempleo, incapacidad o pensiones— siempre que acumulen cotizaciones suficientes. Si el empleo es inestable o de baja remuneración, el saldo fiscal puede tender a neutralizarse con el paso del tiempo.
Servicios públicos: presión desigual y coste territorial
Otro de los puntos críticos es el impacto sobre los servicios públicos. En sanidad y educación, buena parte de la población irregular ya accede a servicios básicos, por lo que la regularización no implica necesariamente un aumento proporcional del uso.
Sin embargo, sí se producen costes adicionales en programas de integración y formación laboral, servicios sociales autonómicos y municipales, así como vivienda y mediación comunitaria en determinadas zonas.
El impacto no es homogéneo. Municipios pequeños o comarcas rurales con servicios limitados pueden ver tensiones presupuestarias a corto plazo, especialmente si la llegada de población no va acompañada de financiación suficiente por parte del Estado.
Riesgos estructurales para el modelo productivo
Desde un punto de vista más estructural, algunos economistas advierten de otro riesgo: la regularización masiva puede consolidar un modelo productivo intensivo en mano de obra y de bajo valor añadido.
La disponibilidad de trabajadores en sectores como la agricultura, la hostelería o los cuidados puede reducir los incentivos empresariales para invertir en tecnología, mejorar la productividad o elevar salarios.
Este efecto es especialmente relevante en regiones donde estos sectores tienen un peso elevado en el PIB y el empleo, como ocurre en Castilla-La Mancha.
El factor demográfico y el riesgo de ciclo económico
En el plano demográfico, la regularización puede contribuir a mitigar el envejecimiento poblacional y la falta de relevo generacional, aportando población en edad activa. No obstante, el impacto positivo depende del contexto económico.
En una fase de desaceleración o recesión, los trabajadores regularizados —frecuentemente concentrados en sectores cíclicos— pueden verse más expuestos al desempleo, aumentando el gasto en prestaciones y reduciendo la recaudación. En ese escenario, una medida inicialmente rentable puede convertirse en una carga fiscal temporal.
Oportunidad condicionada
Desde una perspectiva económica y territorial, la regularización extraordinaria de inmigrantes presenta beneficios claros para Castilla-La Mancha, pero también riesgos que no son menores.
Más empleo formal, mayor recaudación y apoyo demográfico conviven con posibles presiones salariales, mayor gasto público a medio plazo, impactos territoriales desiguales y el riesgo de perpetuar un modelo productivo poco competitivo.
El balance final dependerá de la gestión: políticas activas de empleo, control efectivo del mercado laboral, mejora de la productividad y una estrategia migratoria estable serán claves para que la regularización se traduzca en un beneficio estructural y no en un alivio coyuntural con costes diferidos.