riesgos economicos

La propuesta del Gobierno para regularizar a unas 500.000 personas en situación administrativa irregular en España abre un debate que va más allá de lo social o lo humanitario. En comunidades como Castilla-La Mancha, con déficit de mano de obra y problemas demográficos estructurales, la medida puede generar empleo formal y reforzar ingresos públicos, pero también plantea efectos económicos adversos que conviene anticipar.