La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea una profunda reforma de la gobernanza fiscal en España que pasa por la desaparición del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y su sustitución por una Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, reforzada con un equipo técnico estable y con una mayor bilateralidad entre el Estado y las autonomías que ejercen tutela financiera sobre las entidades locales.
La propuesta forma parte de un documento elaborado por Diego Martínez, Fernando González y Pablo Porrero, en el que se analiza cómo adaptar el sistema fiscal español al nuevo marco europeo de reglas fiscales aprobado en abril de 2024. Los autores advierten de que una traslación automática del nuevo marco comunitario a la realidad española no resulta viable y apuestan por un rediseño institucional que tenga en cuenta la elevada descentralización del gasto público.
En este contexto, Fedea cuestiona la utilidad actual del CPFF y defiende que el Senado, como cámara de representación territorial, asuma un papel central en la coordinación fiscal, siempre que se dote a la Comisión General de las Comunidades Autónomas de mayor capacidad técnica y de mecanismos efectivos de toma de decisiones.
El documento desarrolla dos posibles metodologías para fijar las reglas fiscales autonómicas. La primera consiste en calcular para cada comunidad autónoma el déficit máximo compatible con una senda de reducción de deuda hacia un nivel de referencia del 13% del PIB, permitiendo distintos ritmos de convergencia y escenarios macroeconómicos. La segunda opción plantea establecer una senda de gasto autonómico vinculada al crecimiento tendencial de los ingresos no financieros, un sistema inspirado en el modelo suizo que, según los autores, presenta un claro comportamiento anticíclico.
En relación con las entidades locales, Fedea propone mantener el grueso de la normativa actual recogida en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aunque introduce mejoras en el cálculo del gasto de referencia para la aplicación de la regla de gasto. Además, sugiere explorar fórmulas financieras que permitan canalizar remanentes de ayuntamientos con superávit hacia otros que se encuentren en situación de elevado riesgo financiero, reforzando al mismo tiempo la cooperación entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas con competencias de tutela.
El análisis aborda también cuestiones clave como la incorporación de cláusulas de escape en el marco fiscal, el diseño de los órganos de gobernanza necesarios para canalizar los intereses políticos de los distintos niveles de gobierno, la gestión de las prórrogas presupuestarias o la conveniencia de establecer reglas de oro que protejan la inversión pública.
En cuanto a la condonación de deuda autonómica en manos del Estado, Fedea considera que una quita resulta necesaria para garantizar el acceso pleno de las comunidades autónomas a los mercados de capitales. No obstante, los expertos se muestran críticos con el diseño del proyecto presentado por el Gobierno en 2025, del que discrepan de forma sustancial tanto en su planteamiento como en sus incentivos fiscales a medio y largo plazo.