Castilla-La Mancha sería una de las comunidades autónomas más afectadas por la reforma de las reglas fiscales planteada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El informe, elaborado por los economistas Ángel de la Fuente y Rafael Doménech, propone sustituir el actual sistema de control del gasto autonómico por un mecanismo más estricto vinculado a los ingresos reales de cada territorio y a su nivel de deuda.
La propuesta llega en un momento en el que el debate sobre la financiación autonómica vuelve a ganar protagonismo y cuando numerosas comunidades reclaman una revisión del modelo para adaptarlo a las nuevas necesidades de gasto derivadas del envejecimiento de la población, la sanidad o la dependencia.
Según Fedea, la actual regla de gasto ha demostrado una eficacia limitada para contener el endeudamiento autonómico. Los autores sostienen que el sistema vigente no ha logrado garantizar una reducción sostenida de la deuda pública regional y plantean sustituirlo por una fórmula que obligue a cada comunidad a seguir una senda de consolidación fiscal adaptada a su situación financiera.
Castilla-La Mancha, entre las comunidades con más deuda
La principal implicación para Castilla-La Mancha es que parte de una posición especialmente delicada. En la simulación realizada por Fedea, la comunidad presentaba una deuda equivalente al 36,2% de su PIB, muy por encima del objetivo de referencia del 13% y también de la media autonómica.
Esta circunstancia situaría a la región entre las autonomías obligadas a realizar mayores esfuerzos de ajuste junto a la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.
El nuevo modelo establece que las comunidades más endeudadas deberán destinar una parte de sus recursos a reducir progresivamente sus pasivos mediante una especie de "freno de deuda" automático. De esta forma, el crecimiento del gasto quedaría condicionado no solo por la evolución económica, sino también por la necesidad de corregir los desequilibrios acumulados.
Un ajuste superior a los 400 millones anuales
Las estimaciones incluidas en el informe reflejan que Castilla-La Mancha tendría que acometer un esfuerzo presupuestario significativo durante los primeros años de aplicación del nuevo sistema.
Las simulaciones apuntan a ajustes anuales de entre 430 y 369 millones de euros durante el primer cuatrienio para cumplir con la senda de reducción de deuda planteada por los autores.
Este escenario implicaría una menor capacidad para incrementar el gasto corriente, especialmente en áreas que concentran la mayor parte del presupuesto autonómico, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Aunque el informe no plantea recortes directos, sí advierte de que las comunidades con mayores niveles de endeudamiento dispondrían de menos margen para expandir sus presupuestos respecto a aquellas que presentan unas cuentas más saneadas.
Una reducción de deuda entre las más intensas de España
La otra cara de la moneda es que Castilla-La Mancha sería también una de las autonomías más beneficiadas por la aplicación de la nueva regla en términos de saneamiento financiero.
Según los cálculos de Fedea, la deuda regional podría reducirse desde el 36,2% hasta el 27,9% del PIB en apenas cuatro años. Se trataría de una caída de 8,2 puntos porcentuales, equivalente a casi una cuarta parte del endeudamiento inicial de la comunidad.
El descenso situaría a Castilla-La Mancha entre las regiones que más avanzarían en la corrección de sus desequilibrios financieros.
Los autores defienden que una trayectoria de reducción de deuda más creíble permitiría disminuir la dependencia de los mecanismos extraordinarios de financiación del Estado, reforzar la solvencia de las comunidades autónomas y mejorar su capacidad de respuesta ante futuras crisis económicas.
Un debate ligado a la financiación autonómica
La propuesta de Fedea introduce además un elemento relevante en el debate sobre la futura reforma de la financiación autonómica. Mientras las comunidades reclaman más recursos para sostener el Estado del bienestar, los economistas advierten de que el problema no puede desligarse del elevado volumen de deuda acumulada durante las últimas décadas.
En el caso de Castilla-La Mancha, la aplicación de un sistema como el planteado por Fedea supondría un equilibrio complejo: asumir mayores restricciones presupuestarias en el corto plazo para obtener una mejora sustancial de su posición financiera a medio y largo plazo, pero esto podría suponer un recorte en áreas como sanidad o educación, que en nuestra región suponen un coste mucho más elevado que en otras a consecuencia de sus características (despoblación, dispersión demográfica, población envejecidad, etc.).