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María Díaz y José García-Molina en el cierre de campaña electoral en Albacete el pasado viernes 24 de mayo.
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María Díaz y José García-Molina en el cierre de campaña electoral en Albacete el pasado viernes 24 de mayo. (Foto: Podemos CLM)

Podemos debe devolver 25.000 euros a la Hacienda regional

  • La formación morada se queda sin representación y sin subvención electoral
  • El Consejo de Coordinación de la formación ha dimitido y será la nueva gestora la que tenga que responsabilizarse del pago

miércoles 29 de mayo de 2019, 20:37h
El balance no puede ser más desolador: 33.000 votos perdidos, el 31% de los que obtuvo en 2015, cesión de dos escaños en favor de su rival, sin acceso a las subvenciones electorales asociadas a la representación y devolución de 25.000 euros a la Hacienda pública, además de la división interna que precedió a la debacle. Ese es el balance en Podemos en Castilla-La Mancha, cuyo Consejo de Coordinación ha dimitido en bloque. Sin representación y sin dinero público. La dimisión realizada por carta dirigida a Pablo Echenique, secretario de organización, supone la creación de una gestora que tendrá que ser la encargada de hacer frente a la gestión de la devolución de ese anticipo.
La formación morada había solicitado y recibido 25.000 euros de adelanto para sufragar su campaña. Era prácticamente la totalidad a la que tenía derecho. Según la ley electoral, las formaciones con representación de las Cortes pueden solicitar un adelanto proporcional a su representación sobre el 30% del total de la subvención fijada en las elecciones anteriores tras la fiscalización por el Tribunal de Cuentas de las respectivas contabilidades. El montante total se divide por el número de escaños y luego cada formación puede pedir el equivalente a la suma del número de sus diputados. En 2015 las subvenciones a las que tuvieron derecho PP; PSOE y Podemos ascendió a 1.417.217,46‬ euros, por lo que Podemos podía recibir en 2019 un adelanto de 25.658,49 euros por los dos diputados que consiguió en 2015.

A pesar de no haber tenido representación parlamentaria y haberse quedado sin las subvenciones legales, Podemos está obligado a presentar ahora su contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas para su fiscalización por haber recibido esa subvención.

Atendiendo a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y en la normativa electoral de nuestra Comunidad Autónoma el Tribunal de Cuentas incluyó en su Programa de Fiscalizaciones para el año 2019, aprobado por su Pleno el 20 de diciembre de 2018, la de las elecciones de Castilla-La Mancha. El Tribunal de Cuentas elaborará un informe de fiscalización diferenciado que recogerá los resultados de la auditoría que, posteriormente se remitirá entre otros destinatarios, a las Cortes Generales y a las Cortes de Castilla-La Mancha. Ese informe afectará a PSOE, PP y Ciudadanos, que han conseguido escaños y a Podemos por el anticipo recibido.

En el caso de que el Tribunal de Cuentas aprecie en las contabilidades irregularidades o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, puede iniciar el procedimiento sancionador en los casos y en los términos establecidos en la Ley sobre financiación de los partidos políticos, así como proponer la no adjudicación o reducción de la subvención pública a percibir por la formación política de que se trate si esta tuviera derecho, que no es el caso de Podemos.

La formación morada que han liderado José García-Molina y María Díaz vuelve a las tinieblas en Castilla-La Mancha. El partido de la izquierda radical se ha quedado por detrás de Vox, la derecha radical. De ser la tercera fuerza política ha pasado a ser la quinta. De tener una infraestructura de liberados sufragada con fondos públicos a tener que ir a una economía de subsistencia.

El tiempo ha terminado por dar la razón a David Llorente, el portavoz parlamentario de Podemos, quien había advertido que su partido debería mantenerse fuera del gobierno regional como alternativa de izquierdas al PSOE en la región. Pero los deseos de algunos líderes llevaron a la formación a incorporarse al Ejecutivo, donde tuvieron una vicepresidencia, una consejería y una dirección general y varios asesores. Finalmente el aparato se revolvió contra Llorente que disputó y perdió las primarias contra García-Molina. Hubo acusaciones de acoso y de machismo contra Llorente, el diputado que un año antes se enfrentó al agresor de una mujer en la Puerta de Sol de Madrid. La acusación llegaba de personal liberado por la dirección. El portavoz anunció una querella. Posteriormente, en febrero, la dirección le anunció la apertura de un expediente disciplinario por ausentarse del salón de plenos de las Cortes en una votación, y le llegaron a acusar de “estar negociando con el PP” sus ausencias de los plenos y el sentido de sus votos.
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