El acuerdo de marzo de 2018 contemplaba un marco plurianual de incremento salarial (2018, 2019 y 2020) con un porcentaje de subida fijo más un porcentaje de incremento adicional ligado al crecimiento de la economía y, en 2020, al cumplimiento del objetivo de estabilidad. De esta manera, por primera vez un acuerdo en la función pública vinculaba la previsión de aumento de las retribuciones a las expectativas de crecimiento y estabilidad para los siguientes años.
La parte fija del incremento salarial prevista para 2019 era del 2,25% en 2019 y del 2 % en el año 2020. A ello hay que sumar la parte variable que estará en función del crecimiento de la economía. Así, para un crecimiento del PIB que sea igual o superior al 2,5%, la subida sería de un 2,5% en 2019, y un 3% en 2020.
Una vez establecidas la contabilidad nacional por el Instituto de Estadística que en marzo fijó que el crecimiento de la economía española había sido del 2,6%, procedía hacer efectiva la parte variable del acuerdo, que se publicó como resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública en el Boletín oficial del Estado el 26 de marzo del año pasado. La resolución contemplaba que las retribuciones ligadas a los objetivos de PIB, se abonarán con efectos de 1 de julio de cada ejercicio.
El acuerdo también establece que en caso de que se de crecimiento inferior al crecimiento del PIB del 2,5%, el incremento disminuirá proporcionalmente a la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5%. Por último, para 2020 los funcionarios pueden ver incrementado su salario un 0,55% adicional por el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Si se cumplen las previsiones del gobierno en materia de crecimiento del PIB y además se alcanzan los objetivos de déficit en 2020, se llegaría al final del período trianual a un 8,79 % de incremento total de los salarios públicos.
Desde 2015 los empleados públicos de la región han incrementado sus retribuciones un 13,5%
La Consejería de Hacienda ha señalado que con el incremento que va a aplicar a partir de esta nómina “el Gobierno de Emiliano García-Page cumple un año más su compromiso de incrementar las retribuciones de los empleados públicos al porcentaje máximo permitido por la normativa básica del Estado, tal como ha venido haciendo desde 2015”
Aumento ordinario del 6,25%
En este sentido, la Consejería recuerda que las nóminas de los empleados públicos se han incrementado desde entonces un 1 por ciento en 2016 y 2017 y un 1,75 por ciento en 2018, lo que sumado al incremento del 2,5 por ciento de este ejercicio, supone un aumento de las retribuciones del 6,25 por ciento en este periodo.
Devolución de la paga de 2012 y de la “tasa Cospedal”
A estos incrementos recogidos en la normativa básica del Estado en materia de retribuciones hay que sumarle la devolución íntegra de la denominada por los sindicatos ‘tasa Cospedal’, que supuso una recuperación total del 3 por ciento suprimido en 2012 más un 0,5 por ciento adicional este año.
Además, el Ejecutivo castellano-manchego devolvió en la pasada legislatura la totalidad de la paga extraordinaria suprimida a los empleados públicos en 2012, por lo que el resultado es que las retribuciones de los empleados públicos desde 2015 se han incrementado un 13,5 por ciento.
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