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Consejo de Ministros extraordinario.
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Consejo de Ministros extraordinario. (Foto: Pool Moncloa // JM Cuadrado)

El gobierno central sigue sin dotar de armas financieras a CLM y resto de Autonomías para la lucha contra el coronavirus

  • Las medidas financieras del Ministerio: negociar con la UE que las Autonomías deriven parte de los fondos europeos a gasto sanitario y anticipar parte de la financiación ordinaria para evitar tensiones de tesorería

domingo 29 de marzo de 2020, 21:14h
Castilla-La Mancha recibirá 14,6 millones de euros del Fondo Social Extraordinario creado para las Comunidades Autónomas, aprobado por el gobierno central el pasado 17 de marzo y dotado con 300 millones. El destino de este dinero es reforzar las políticas sociales y de atención a familias, especialmente aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. De momento, en materia sanitaria el gobierno central no aporta fondos adicionales y se ha limitado a comunicar a las autoridades autonómicas que hará gestiones ante la Unión Europea para que las Comunidades puedan derivar parte de los fondos que reciben de la Unión a gasto sanitario. La lucha contra el coronavirus ya deja huella en el presupuesto de Castilla-La Mancha. El 3 de marzo, el gobierno regional había gastado en compra de material sanitario 157 millones de euros, lo que supone 130 millones de euros más que en la misma fecha del año anterior.
Más allá de las buenas palabras, el dinero extraordinario no llega. Castilla-La Mancha y el resto de regiones tienen que hacer frente a los gastos derivados del Covid 19 con sus ingresos ordinarios. Durante 2020 Castilla-La Mancha incrementará su financiación ordinaria por entregas a cuenta respecto al año pasado en 133 millones de euros hasta los 5.056 millones. La mitad de ese incremento, 66,5 millones de euros la enviará el Ministerio hoy lunes para que la Junta pueda aliviar las tensiones de tesorería derivadas del incremento del gasto como consecuencia de la lucha contra el Covid-19. La otra mitad la remitirá el 17 de abril.

Este dinero forma parte de la financiación ordinaria y no supone un aumento de la financiación, sino un adelanto. El gobierno regional ya contaba con esos fondos, además de con otros 341 millones de la liquidación de las entregas a cuenta de 2018, en concepto de financiación ordinaria del Estado cuando elaboró su presupuesto 2020 en septiembre del año pasado.

El miércoles pasado en la reunión telemática entre los consejeros de Hacienda de las Comunidades y la Ministra, las premisas sobre la coordinación económica que mantuvo el Ministerio fueron esas tres: Negociación con la UE sobre la flexibilización del uso de los fondos europeos por parte de las Comunidades, anticipo del aumento de las entregas a cuenta en dos plazo para aliviar los problemas de tesorería y el reparto de ese fondo extraordinario de 300 millones, de los que Castilla-La Mancha recibirá el 4,87%.

Las Comunidades que más proporción tendrán en el reparto son Andalucía (51,7 millones equivalentes al 17,25%), Cataluña (45,5 millones; 15,18%), Madrid (38,75 millones; 12,93%) y Valencia (29,98 millones; 10%).

El Ministerio ha pedido a las Comunidades Autónomas que presten especial atención al tiempo que tardan en pagar las facturas (Periodo Medio de Pago) a los proveedores sanitarios “para evitar cualquier problemática en el flujo comercial de productos sanitarios”. Es un comportamiento normal entre las Comunidades que la mayor parte de su deuda comercial (facturas pendientes de pago) sea con los proveedores sanitarios, que por volumen de los contratos acaparan los primeros puestos entre los principales proveedores de los gobiernos regionales.

Al igual que en otras Comunidades, en Castilla-La Mancha esa práctica ha ido en aumento y si a finales de 2015 la deuda comercial del ámbito sanitario (129 millones) representaba el 59,7% del total de la deuda comercial, en 2018 (último año con datos cerrados a diciembre), el volumen del dinero pendiente de pago a los proveedores sanitarios (185 millones de euros) representaba el 79,1% del total de las obligaciones reconocidas por la Junta que estaban pendientes de abono. En el conjunto de las Comunidades Autónomas, la deuda con proveedores sanitarios a finales de 2018 era de 3.153 millones de euros y representaba el 63,6% del total de 4.958 millones de euros en facturas pendientes de pago.

De hecho, el gobierno regional, previo a la reunión telemática de la semana pasada entre consejeros de Hacienda y Ministerio, ya había decretado que daría prioridad a los pequeños proveedores en el pago de las facturas por la prestación de bienes y servicios. Con esa medida el gobierno del presidente García-Page trata de evitar que sufran la tesorería y las cuentas de las pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en la Región, para que no derive en cierres y se ocasione un efecto dominó como sucedió con la recesión de 2008.

Un día antes a la reunión telemática entre responsables de haciendas autonómicas y central, clm21.es publicaba un reportaje bajo el título “Las Autonomías necesitan fondos extraordinarios para no colapsar en su lucha contra el coronavirus”. En la información se destacaba no sólo el aumento del gasto derivado de la pandemia al que ha tenido que hacer frente la Comunidad, también se ponía de relieve la caída de ingresos por la ralentización primero y paralización después de la actividad económica. En su conjunto, a finales de febrero la recaudación no financiera de la Junta había caído un 6% respecto al primer bimestre del año pasado. La mayor parte de esta caída está relacionada con la actividad económica reflejada en los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Una caída que se pronunciará en picado en marzo, abril y en aquellos meses en los que esté disminuida la actividad económica.

Además, el confinamiento y cese de actividad se convierten en una bomba con espoleta retardada en la financiación de las Comunidades, que estallará dentro de dos años, cuando se produzca la liquidación definitiva de la financiación de 2020, año en el que las entregas a cuenta a las Comunidades serán de 105.802,54 millones de euros. El cálculo se hizo en función de una previsión de ingresos tributarios en un escenario normal, pero el Covid-19 y las medidas de aislamiento social han pulverizado ese escenario. De hecho, si el gobierno preveía que la economía nacional creciera un 1,6% en 2020, los expertos consideran que el impacto del coronavirus reducirá en seis puntos el crecimiento del PIB.
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