El Tribunal Supremo y Europa se cuelan en la gestión de la crisis por parte del gobierno de España

Ambas podrían tener un recorrido justo en una situación normal, pero no en la actual. Empezando por la última. La corrección de la contabilidad nacional de España por parte de Europa resta credibilidad a las finanzas públicas españolas ante el resto de países europeos en un momento en el que España está reclamando un plan económico de la Unión para la lucha contra la pandemia y para reconstruir la economía.

Primero se habló en un plan Marshall, luego de coronabonos, luego de deuda perpetua. Había reticencias en algunos socios, especialmente Alemania y Holanda, que entre otros argumentos señalaban que España no había saneado sus finanzas públicas en los últimos años, cuando estaba siendo el país de la eurozona que más crecía.

Y ya no se trata sólo de eso, de que los demás se disciplinan, cumplen con lo acordado y ahorran y España está fuera de esa norma obligada, acertada o equivocada, pero norma acordada. El problema es que el gobierno de España aplicó cierta creatividad a la hora de cerrar las cuentas de 2019. El Instituto Nacional de Estadística señaló que el déficit había sido del 2,7%. El Ministerio le metió la pluma y lo rebajó al 2,6%. Al llegar a la Unión, Euroestat, que es el INE europeo (la oficina de estadística de la Unión Europea), lo elevó al 2,8%. Y esa decisión, que en un año normal no tendría más importancia, suponía poner en cuestión la credibilidad en un momento donde se reclama confianza y acuerdo.

Por su parte, la decisión del Tribunal Supremo marca un antes y un después durante la gestión de la crisis. Muchas han sido las medidas adoptadas por el gobierno en las últimas semanas. Algunas han sido cuestionadas abiertamente en los medios de comunicación por juristas y organizaciones profesionales de los diferentes estamentos de la administración de justicia por su dudoso encaje constitucional. Hasta la fecha y pasados ya un mes y una semana de la declaración del estado de alarma, ningún tribunal, ni el Supremo, habían entrado a delimitar las actuaciones del gobierno. Incluso ni con el mismo tema que ha motivado el auto en cuestión y que ya le había sido planteado con anterioridad. La decisión establece dos obligaciones al Ejecutivo por parte del poder Judicial. Y entre ellas la del sometimiento de reportarse cada quince días ante el Tribunal para dar explicaciones de qué ha hecho en ese tiempo para dotar de material de protección a los sanitarios.