Además de este dinero extraordinario, los líderes europeos han acordado que el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 sea de 1.074 billones de euros. El debate sobre este punto se arrastraba desde febrero sin acuerdo. La cifra supone una rebaja del 2% respecto al vigente 2014-2020. Pero esa reducción es mayor en algunas partidas, como las destinadas a financiar las ayudas de la PAC, que se reducen un 13,3% y los fondos de cohesión que lo hacen un 11,5%. Ambos fondos centraban la batalla española desde 2018, una disputa en el que la posición de nuestro país era que no se redujeran esas partidas. Esa reducción afecta a las regiones menos favorecidas y a las que la agricultura tiene un fuerte peso, como es el caso de Castilla-La Mancha.
De hecho, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido una posición firme contra esos recortes. El 20 de febrero de 2020, en el Foro Nueva Economía, organizado por “El Español” insistía en “la necesidad de mantener una línea continuista en la aportación de fondos europeos a España” y añadía: “Hay demasiados países interesados en que la Política Agraria Común no se resienta, o al menos no se resienta sustancialmente, y me gustaría que tampoco lo hicieran los fondos de cohesión”.
La política fiscal y la gestión del Fondo
Hay otras derivadas del acuerdo. Una es la fiscal y la otra es la de gestión y reparto interno de ese fondo entre las administraciones públicas españolas. En cuanto a la primera, los líderes de la Unión han previsto que el fondo extraordinario de 750.000 millones de euros se consiga mediante emisión de deuda pública europea. Está previsto que las amortizaciones y los intereses de esa deuda se financien con nuevas figuras impositivas a nivel europeo: la tasa sobre las transacciones financieras (Tasa Tobin) o la de grandes empresas tecnológicas (Tasa Google).
Y es aquí donde la medida colisiona con la posición del gobierno español que había aprobado la creación de esas figuras a nivel nacional en el Consejo de Ministros del 18 de febrero de este año. La idea en esa fecha era que ambas tasas estuvieran operativas en 2021. Las previsiones del Ministerio de Hacienda era que se recaudasen 850 millones por la tasa Tobin provenientes de gravar con un 0,2% la compraventa de acciones y 968 millones por la Tasa Google, gravando con un 3% la prestación de servicios de publicidad online de las grandes tecnológicas.
Cuando el gobierno español aprobó esas figuras fiscales la pandemia todavía no había golpeado a la economía de nuestro país. La intención era destinar es dinero al presupuesto ordinario, a aumentar el gasto social. Ahora esas tasas van a pasar a ser europeas y habrá que ver qué medidas articula el gobierno de España, si las deja como complementarias, si modifica los baremos o si las paraliza.
Con la pandemia, los ingresos del Estado se han reducido y los gastos han aumentado, lo que ha llevado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a señalar que el Estado tendrá un déficit este año del 11,9% del PIB, equivalente a 147.500 millones de euros, son 112.305 millones más que el año pasado, cuando el gobierno tenía un agujero en sus cuentas de 35.195 millones de euros.
Dicho de otro modo y sin contar el valor añadido, el dinero que vendrá de Europa serviría para corregir la desviación de las cuentas públicas españolas en el primer año y restarían otros 28.000 millones de euros para nuevos proyectos siempre y cuando se opte por sanear y fortalecer las cuentas públicas nacionales. Aunque el proyecto del gobierno es incrementar el gasto sin sanear las finanzas, algo que se demoraría para los próximos años cuando se fuese recuperando la economía.
La otra gran cuestión es el reparto de los fondos entre las diferentes administraciones públicas. Y aquí hay dos cuestiones esenciales. La primera es sacar determinados gastos de la Administración de la Seguridad Social y cargárselos a la Administración General del Estado. La segunda el nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, al que se suma la intención declarada por todos de reforzar el sistema sanitario español, que gestionan las administraciones autonómicas y que representan junto a las pensiones de la Seguridad Social el mayor gasto del país.
Respecto a la primera, la intención del ministro José Luis Escrivá iba por ese camino de dejar a la Seguridad Social como instrumento exclusivo de pensiones, pero lejos de ello se le han metido nuevos gastos (como el ingreso mínimo vital), y se ha hecho recaer sobre esta administración el grueso del déficit con motivo de las medidas anti Covid (pago de los ERTES). El cálculo es que el déficit de la Seguridad Social supere los 68.000 millones de euros este año, frente a los 19.761 del año pasado.
El gobierno central deberá establecer ahora qué parte del Fondo de Reconstrucción se transfiere a las Comunidades Autónomas
Sobre la segunda, el PSOE metió presión en 2017 y principios de 2018 al gobierno de Rajoy para que se estableciese el nuevo modelo de financiación que debería haber entrado en vigor en 2014, pero que la inestabilidad económica primero y la política después ha ido dejando aparcado. Defendía el PSOE en la oposición -y la postura la personalizaba la hoy ministra de Hacienda, entonces consejera del ramo de Andalucía- que las Comunidades aumentasen sus recursos en 16.000 millones de la época (22.000 millones en 2019), sobre la base de que las regiones recibiesen el 75% del IVA y de los impuestos especiales. En el modelo actual los porcentajes son del 50% y del 58% respectivamente. Era la cifra mágica, la que consideraban necesaria para sacar a las Comunidades de un sistema de infrafinanciación que repercutía en los servicios básicos, de sanidad, educación, dependencia y resto de servicios sociales.
Ese es el punto de partida para el nuevo sistema, en el que, además y por el compromiso expresado por todos (gobierno, oposición y presidentes autonómicos) es reforzar el sistema de salud, lo que se traduce en aumentar el gasto en sanidad. Aún más, las medidas anti Covid para el curso que viene requieren también mayores inversiones y más contrataciones de maestros y profesores, que también se deben financiar.
Durante los primeros meses de la pandemia, hubo presidentes autonómicos que reclamaron al gobierno central más información, más coordinación en la toma de decisiones e incluso más autonomía en la gestión de las mismas, y no fueron pocos los que hablaron de un exceso centralizador del gobierno del presidente Sánchez.
Con los recortes de la PAC y de los Fondos de Cohesión, con una caída de ingresos en las Comunidades para 2021, la gestión que haga el gobierno central del dinero europeo es clave para Castilla-La Mancha. Y no hay que perder de vista que las directrices esenciales del Fondo de la Unión son, como dijo el propio Sánchez “para una recuperación que debe sostenerse en tres pilares que permitan un crecimiento fuerte, equilibrado y sostenible: la transición digital, la transición ecológica y la formación de estudiantes y trabajadores".
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