La ley contra la ocupación de viviendas que ha promovido el gobierno del presidente García-Page es de interés social. Esa es su principal virtud. Viene a resolver una situación de inseguridad entre la población. Viene a dar respuesta a las demandas sociales, que es a lo que se debe dedicar un gobierno. Luego está la componente política que, aunque importante, está en un segundo plano, porque en principio afecta a los que se dedican a la cosa pública y esa derivada pasa más desapercibida entre la población. No por ello carece de importancia.
Desde ese prisma -el político- hay varias cuestiones a destacar. La primera, que es un proyecto de colaboración entre gobiernos -el regional y el nacional- Que ese proyecto tiene otra derivada anidada, como es la colaboración que promueve el presidente García-Page con el presidente Sánchez. Un gesto que llega tras varios desencuentros que amenazaban terminar con alguno de los dos al borde del precipicio. La segunda, que el departamento que pone la alfombra es el de Fomento, que dirige Nacho Hernando, que recobra protagonismo en la actualidad política. En cualquier gobierno, Fomento es un departamento gris. Es el responsable de las carreteras, los abastecimientos y depuraciones de agua, el transporte y el urbanismo. Y Nacho Hernando ha demostrado su capacidad de hacer política en el departamento del ladrillo y el alquitrán y hacerla con proyección social.
El tercer elemento destacado ha sido el de la sorpresa y el de robar la iniciativa a la oposición. Andaban PP y Ciudadanos venga a promover una ley contra la ocupación de la que habían hecho tema central de sus apariciones públicas durante varias semanas y va el gobierno y, por sorpresa y de la noche a la mañana, les quita la escalera y se quedan colgados de la brocha. Es una jugada de esas que deja a más de uno con la cara de tonto. Mientras la oposición se hartaba de hablar, el equipo de Nacho Hernando trabajaba en silencio ultimando una iniciativa, que, a juzgar por lo difundido es muy completa y minuciosa.
Cuando el presidente García-Page la anunciaba ayer dejaba descolocados a los grupos de la oposición, que ven en la ley una copia de sus propuestas. Ese hecho y la reiteración de la apelación que habían hecho un día sí y otro también al consenso les recorta la capacidad de maniobra. Ahora sólo les cabe el sí. Lo contrario sería anteponer el ego al interés general al que tanto se han referido.
Y bueno será que la ley salga por unanimidad. Sería el reflejo de un sentimiento global entre la población con independencia de a quien vote cada ciudadano.
Otra de las variables es que el gobierno regional tenía dos vías para tramitar esta iniciativa, una enviándola al gobierno de la nación para que la hiciera suya. La otra, remitiéndola al Congreso para su debate. El gabinete ha optado por la primera, que tiene su aquel. En primer lugar transmite esa colaboración, esa cogobernanza de la que tanto se habla. La otra es que dentro del Ejecutivo nacional los criterios no son del todo coincidentes, como dejó bien claro el vicepresidente Iglesias la semana pasada en el Parlamento al justificar las ocupaciones contra los “fondos buitres”. Es un tema delicado que también se recoge en la ley que promueve el gobierno regional, al responsabilizar y obligar a los propietarios a estar pendientes y al cuidado de sus viviendas. Es una llamada a esos grandes tenedores de viviendas.
Si (
No(
