Aunque necesaria por el alargamiento de la crisis, considera que la prórroga de los ERTEs no es suficiente (incluso en combinación con mecanismos de apoyo a la liquidez) para garantizar la supervivencia de las empresas viables en los sectores más afectados. “Es necesario permitir -dice el informe- que aquellas empresas que lo necesiten puedan ajustar sus plantillas. Con este fin, debería suprimirse la “prohibición” de despido por causas objetivas ligadas a la pandemia y habría que reducir las penalizaciones por el incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo de forma que estas sean proporcionales a los despidos realizados, en vez de suponer la devolución de todas las ayudas recibidas mediante exoneraciones de cuotas sociales ante cualquier incumplimiento”
FEDEA insiste en la medida que vienen reclamando algunos empresarios de la hostelería, el turismo y el comercio y pide que el gobierno central establezca subvenciones directas para ayudar a cubrir sus costes fijos a los sectores más afectados por cierres o restricciones administrativas y a los que han sufrido pérdidas elevadas y persistentes de ingresos como resultado de la pandemia. Como fórmula indica una forma de reducir el coste para el contribuyente, que consiste en ofrecer ayudas al menos parcialmente recuperables a través de mecanismos híbridos de financiación con un componente de capital, como pueden ser los créditos participativos o la deuda tributaria de carácter contingente, “instrumentos ambos que permiten condicionar la recuperación de las ayudas a la vuelta a beneficios de las empresas afectadas y reducen los incentivos para solicitarlas de aquellos que no las necesitan, especialmente si su solicitud implica algún tipo de recargo” Otra opción que considera interesante para reducir pesos muertos, autorizada explícitamente en la última modificación del marco temporal de ayudas de estado, es la conversión de garantías públicas en ayudas no retornables o en alguno de los instrumentos híbridos mencionados.
FEDEA llama la atención sobre el hecho de si a los parados oficiales se les añaden los trabajadores desanimados, los subempleados y los cubiertos por ERTEs, “nos encontramos en el último trimestre de 2020 con 6,8 millones de personas en una situación de infrautilización, lo que supone un aumento de cerca de 1,5 millones con respecto al mismo trimestre del año anterior”
En su boletín, este centro de estudios e investigación vuelve a llamar la atención sobre “la discutible calidad de los datos sanitarios disponibles”. Advierte de que, tras casi un año desde el inicio de la epidemia, “las series presentan todavía anomalías y siguen revisándose continuamente hacia atrás de una forma que hace difícil ubicar con precisión en el tiempo los contagios, ingresos y fallecimientos. En estas circunstancias, es difícil que los especialistas en sanidad pública puedan hacer un análisis riguroso de lo acontecido en nuestro país durante este último año”
Con toda la precaución que esto exige, FEDEA intenta aproximar la evolución de los contagios reales, corrigiendo las cifras oficiales de infecciones confirmadas en base al número de pruebas diagnósticas realizadas en cada momento. La corrección modifica sensiblemente el perfil de la serie de contagios y aumenta también muy significativamente la estimación del número acumulado de infectados, que habría que elevar desde los 2,9 millones de la estadística oficial de contagios confirmados hasta casi 6,5 millones de contagios probables según nuestros cálculos.
La ausencia de evaluación de proyectos a financiar con los fondos europeos
A nivel europeo, destaca dos novedades: la aprobación por el Parlamento Europeo del reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y una nueva modificación del marco temporal que regula las ayudas de estado a las empresas en la que se aumenta el límite máximo de ciertas ayudas y se permite a los estados miembros convertir créditos y otras ayudas reembolsables en ayudas directas no retornables.
FEDEA considera que “uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en este momento es el de aprovechar las oportunidades que nos brindan los fondos de recuperación europeos. En este ámbito, hay que valorar positivamente las medidas tomadas en el Real Decreto-ley 36/2020 para agilizar la gestión de las ayudas europeas mediante la supresión o reducción de algunos obstáculos burocráticos, la introducción de ciertos mecanismos de colaboración público-privada y la eliminación de ciertos obstáculos que pueden desincentivar la participación de los inversores privados en los proyectos del plan de recuperación. Una omisión, a nuestro juicio muy relevante, de la norma tiene que ver con la evaluación de estos proyectos. Si bien la evaluación se incluye entre los principios de buena gestión, en el resto del decreto no se concreta en absoluto si se piensa evaluar los proyectos financiados con fondos europeos o cómo se llevaría a cabo tal evaluación”.
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