La asociación recuerda que es la actividad más afectada por las decisiones de restricciones adoptadas por las diferentes administraciones para controlar la pandemia, con un 70% de los establecimientos cerrados desde hace un año y con pérdidas acumuladas superiores a los 20.000 millones de euros. El sector da empleo a 260.000 personas.
El Gobierno Central ya aprobó una moratoria ampliando el plazo que finalizaba el día 31 de diciembre de 2020 hasta el día 14 de marzo de 2021. En ese momento la patronal había pedido una moratoria hasta el día 30 de junio de 2021.
Así las cosas, la moratoria hasta 14 de marzo se ha quedado muy corta, a juicio de los empresarios y ello principalmente debido a dos factores: El primero, porque no han llegado las ayudas a fondo perdido y el segundo, porque todavía no existe una certeza sobre la fecha de reapertura de los locales del sector.
Con 260.000 trabajadores, el sector confía en que la campaña de verano sirva de respiro a muchas compañías
Tal y como explica Tito Pajares, presidente de Spain Nightlife y del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid (CEONM) “debido a la suma de estos dos factores y al hecho de que un 80% de las empresas no podrán presentar un plan de viabilidad asumible a sus acreedores, es imprescindible que el Gobierno amplíe finalmente la moratoria para presentar concurso de acreedores o un 80% de las empresas del sector irán directamente a liquidación“.
La nueva fecha que propone Spain Nightlife es la de 30 de septiembre de 2021 y argumenta que habrá muchas empresas que se habrán podido recuperar económicamente en parte ya que habrán podido abrir durante la temporada y, en ese momento, podrán presentar un plan de viabilidad asumible a los acreedores en caso de entrar en concurso o incluso evitarlo.
260.000 puestos de trabajo, en riesgo de ser amortizados
Debido a la dramática situación que está viviendo el sector y a la situación de asfixia financiera que están padeciendo miles de empresas del del ocio nocturno después de un año sin ingresar ni un solo euro y” sin recibir ayudas directas eficientes”, los más de 260.000 puestos de trabajo que dependen del sector están en riesgo de desaparecer
Cabe tener en cuenta que, cuando una empresa entra en concurso desaparece la prohibición de despedir por causas económicas para empresas que se habían acogido a un ERTE durante los seis meses anteriores. “Es evidente, que con las cifras de paro que actualmente azotan al país, con más de 4 millones de personas desempleadas, no nos podemos permitir el lujo de engrosar todavía más dicha lista”
Spain Nightlife considera que, al margen de las ayudas a fondo perdido, también sería necesario que el Gobierno aplazara hasta 31 de diciembre de 2023 las deudas tributarias soportadas por las empresas durante el 2020 así como las cotizaciones a la Seguridad Social, que acumuladas a las generadas por alquileres están estrangulando financieramente a las empresas del sector. Tal y como explica Joaquim Boadas, secretario general de Spain Nightlife y de la patronal catalana FECASARM, “es imprescindible que comiencen a llegar ayudas efectivas y proporcionadas a las restricciones soportadas, antes de que el daño sea irreversible pues muchas ya han sido desahuciadas de sus locales y éstas ya no podrán abrir nunca más. Cada día que pasa desaparecen decenas de empresas del sector y hay que poner fin a esta sangría cuanto antes”
Déficit de administradores concursales, doble avalancha de concursos y colapso de juzgados
Otro de los argumentos por los cuales esgrimidos para que se produzca la ampliación de la moratoria, lo constituye el hecho que no existen en España administradores concursales suficientes para atender una avalancha de concurso de acreedores como la que se espera, y ello al margen de que los juzgados mercantiles se colapsarán.
Los empresarios consideran que esta avalancha de concursos de autónomos y empresas va a generar una segunda ola de concursos, esta vez de personas naturales no empresarias ante los juzgados de primera instancia, los cuales también se van a colapsar Y ello se va a producir, habida cuenta de que serán muchas las personas que no van a poder soportar las consecuencias derivadas de haber perdido sus negocios o su trabajo y se verán abocados a presentar concurso personal (segunda oportunidad) para evitar tener que hacer frente al pago de préstamos, hipotecas, avales, alquileres y otras obligaciones personales adquiridas o avaladas antes y durante la crisis sanitaria.
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