En el territorio nacional y según el banco de España, el cierre de oficinas se ha producido en todas las comunidades autónomas, aunque en mayor grado en Baleares (-19,9%), Murcia (-19,7%), Cataluña (-19,4%), Madrid (-18,5%) y Castilla y León (-18,3%), si se comparan los datos a cierre de marzo con los del mismo periodo de 2021. En donde menos se recorta la red de sucursales bancarias es Navarra (-5,9%), Castilla-La Mancha (-7,3%) y Aragón (-7,9%).
En la media nacional, la red se sitúa por debajo de las 19.000 sucursales. En concreto, la red de sucursales bancarias en el país terminó marzo en las 18.556 oficinas, una cifra que no se registraba desde 1976, poco antes del comienzo de la serie histórica sobre la evolución de las oficinas en España en 1975.
Esto supone que el número de sucursales se ha recortado en 548 entre finales de diciembre de 2021 y finales de marzo de este año, un 2,87% menos, aunque si se compara con la situación del año pasado, cuando la red se componía por 21.901, el número de sucursales se ha reducido en 3.149 oficinas, un 14,5% en términos relativos. Con respecto al máximo histórico, de 46.118 oficinas a cierre de septiembre de 2008, el descenso es del 59,8%.
Este recorte en sucursales es consecuencia de varios factores, entre ellos, la búsqueda de la banca por ganar en eficiencia, reduciendo costes, lo que ha llevado a varias de las grandes entidades españolas a aplicar procesos de ajuste, particularmente en los últimos dos años, como es el caso de Santander, BBVA, CaixaBank o Sabadell.
Como explicación, el sector ha apuntado al entorno persistente de tipos de interés bajos o negativos --situación que ahora comenzaría a invertirse, con el aumento de tipos de 50 puntos básicos aprobada por el Banco Central Europeo (BCE) el pasado jueves-- ha presionado sus márgenes, reduciendo su rentabilidad.
También ha señalado a la entrada de nuevos competidores, especialmente bigtechs y fintechs, y a la preferencia cada vez mayor de los clientes por los canales digitales como razones para llevar a cabo los ajustes.
En este sentido, el sector ha experimentado en los últimos años un proceso de digitalización, una tendencia que se ha acelerado desde la pandemia de Covid-19, cuando los confinamientos dificultaron la atención personal en las oficinas.
Sin embargo, estos ajustes han generado algunas tensiones. En enero, el jubilado Carlos San Juan ponía en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir un mejor trato en las sucursales bancarias, lo de daría lugar a la actualización del protocolo de medidas para mejorar la inclusión financiera del ámbito rural para incluir las necesidades de determinados colectivos, como el de las personas con discapacidad o los mayores.
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