A preguntas de los medios tras una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de la Memoria de la Fiscalía de 2022, Fernández ha dicho al respecto del problema de la ocupación en la Comunidad Autónoma que la mayoría se producen en zonas de Toledo y Guadalajara, y por norma general no se producen en viviendas de particulares.
Tras recordar que la legislación actual ya garantiza de forma suficiente a los titulares de las viviendas ocupadas que el desalojo de los ocupantes pueda realizarse por la vía rápida, ha incidido en que esta problemática afecta principalmente a viviendas "de entidades bancarias o de fondos de inversión".
"La actuación de la jurisdicción es rápida y hay desalojo inmediato de los ocupantes, y hay un movimiento legislativo en ciernes, auspiciado en parte por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que parece que va a ser tomada en consideración", ha vaticinado.
Cuatro fiscales para Toledo y Albacete y una nueva sección en Illescas
Fernández también ha aprovechado la ocasión para denunciar que la evolución de la plantilla judicial "no va acompañada de los incrementos poblacionales" que registran las provincias de la región.
Así, ha indicado que el incremento de plantilla requerido en el Ministerio Fiscal pasaba por ampliar en, como mínimo, dos fiscales más las secciones de Albacete, Toledo y Ciudad Real; si bien ya se ganaron dos puestos en Ciudad Real y la sección de Manzanares en 2019.
"Entendemos que hay dificultades presupuestarias de todo tipo pero somos una región muy extensa, y entendemos que en sucesivas ampliaciones de plantilla deberíamos tener acceso al menos a más plazas en Albacete y Toledo", ha señalado.
Sobre la necesidad de ampliar con una sección en Illescas, ha recordado que es una reclamación "de hace diez o quince años", y el entorno de esa población "debería merecer una sección territorial", teniendo en cuenta que "absorbe un gran número de hechos delictivos cercanos a la Comunidad de Madrid, con una delincuencia particular, que se parece más a la madrileña".
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