Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal obliga así al Ayuntamiento a cumplir la sentencia tras la denuncia que recibió de Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA y Aguas de Castellón SA UTE Facsa-ADC (Tagus), de 17 de enero de 2023.
Esta sentencia estimaba en parte el recurso de Tagus contra la inactividad del Ayuntamiento de Toledo consistente en la no ejecución de estos acuerdos en relación con la obligación asumida de proceder a la revisión quinquenal de tarifas en el año 2019, sobre la base de los datos cerrados en el año 2018, para aplicar en el quinquenio 2020-2024, obligando al Consistorio toledano a cumplir los mismos para con ello proceder a la revisión extraordinaria quinquenal de tarifas (independientemente de las revisiones según IPC) que debió haberse realizado durante el año 2019 con los datos de consumos reales cerrados a 2018.
La sentencia da un plazo improrrogable de diez días al Ayuntamiento para ejecutar la sentencia, haciéndole saber que, en caso de incumplimiento y previo apercibimiento, se podrán adoptar las medidas necesarias para lograr su efectividad y se podrán imponer multas de entre 150 y 500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar.
También se podrá deducir, añade el texto, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
El Ayuntamiento podrá interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días a contar desde el día siguiente a la notificación
En este contexto, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha defendido que bajo el mandato de Milagros Tolón "en los últimos cuatro años, no se subió el recibo del agua por las dificultades que han sufrido los toledanos y las toledanas en este tiempo y gracias a la capacidad de llegar a acuerdos y ofrecer soluciones para garantizar el servicio de abastecimiento de agua sin subir las tasas".
FEDETO aprovecha la sentencia para censurar que la ciudad siga sin POM
Por su parte, la Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto) ha aprovechado la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Toledo a revisar las tarifas del agua tras incumplir los acuerdos de la Junta Gobierno Local para censurar que una ciudad como Toledo siga sin un Plan de Ordenación Municipal (POM) y se rija por uno que data del año 1986.
Centrándose en la sentencia conocida este lunes, Madruga ha asegurado que la de agua es una de las tasas que los empresarios tienen que pagar y que más les "duele" porque, además, no consiguen nunca que, por ejemplo, en el sector de la hostelería la califiquen como industrial, algo que haría que el precio fuera "más bajo".
Sin haber visto la sentencia, el 'número dos' de Fedeto ha afirmado que "los acuerdos que se adoptaron con la empresa del agua estaban para que Toledo fuera una ciudad que estuviera en torno a los 100.000 o 120.000 habitantes" y sin embargo "no conseguimos crecer bajo ningún concepto", algo que ha hecho que la empresa recurriera y que, ahora, un juez diga que hay que actualizar las tarifas.
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