Puede que en Cataluña mejore la convivencia con el pacto de Sánchez con los separatistas para poder seguir siendo presidente o puede que no. Pero ¿y en el resto de España? ¿Qué pasaría si los que protestan contra la amnistía ocupasen Barajas y otros aeropuertos, cortasen las autovías y protagonizaran actos violentos en la calle? Estos podrían esgrimir que están defendiendo la Constitución, la democracia, la separación de poderes o incluso sus ideales nacionales o nacionalistas como españoles.
Hay miedo en la Moncloa a que se pueda dar esta situación. De ahí que se haya criticado insistentemente las sucesivas manifestaciones contra la amnistía. Unas manifestaciones pacíficas que contrastan con los altercados protagonizados por los CDR y Tsunami Democratic, a los que ahora han decidido amnistiar los mismos que critican las manifestaciones pacíficas.
Falta también por conocer en qué derivará el pacto con Bildu. Siguiendo la misma línea que el mantenido con ERC, de darse la investidura en los próximos meses se producirá una silenciosa puesta en libertad de terroristas de ETA, que ya se están moviendo y reclamando
Y he aquí una gravedad de los acuerdos: Con ellos se legitima la violencia como instrumento para hacer política. Supongamos por un momento que en protesta contra los acuerdos de Sánchez y su amnistía se producen actos violentos, altercados e incluso heridos de gravedad entre la policía. En las próximas elecciones si un candidato necesitase apoyo de algún grupo que estuviese detrás de estos violentos podría promover otra amnistía “en aras de la convivencia”. ¿Qué opinaría entonces Sánchez, Sumar, Bildu, ERC, PNV o Junts?
Esa apelación a la convivencia choca con la actitud mostrada por Pedro Sánchez y La Moncloa con su rival Núñez Feijóo y con algunos de los presidentes autonómicos del PP; cuando no de ninguneo o desprecio, de crítica áspera no carente de insultos.
Pero no sólo se legitima la violencia como estrategia política, también la corrupción y la malversación de los fondos públicos.
El acuerdo en realidad supone señalar al poder judicial como el culpable de la situación por aplicar las leyes, no al delincuente por incumplirlas. No es la primera vez que se hace desde el gobierno. Recientemente, se produjo con la entrada en vigor de la Ley del sólo sí es sí.
Y este es otro de los aspectos graves del acuerdo de Pedro Sánchez que cuestiona el Estado de Derecho. Puede que finalmente la ley que promuevan no sea anticonstitucional porque así lo decida una institución que ha sido colonizada por Pedro Sánchez. Pueden buscar la fórmula para hacerla constitucional, pero eso no restará gravedad a la legitimación de la violencia y de delinquir para hacer política. Algo que el TC debería tener presente en aras de la convivencia.
Una colonización que se extiende a otras instituciones encargadas del control del propio gobierno y que pone en cuestión el principio de “Estado democrático”
Otro de los aspectos del pacto es el de premiar al mal gestor. Perdonar 15.000 millones de deuda y los correspondientes 1.300 millones de intereses a Cataluña (dinero que deberán pagar todos los españoles vía impuestos) es recompensar a aquellos que han gestionado mal los fondos públicos y han llevado a una Comunidad a la insostenibilidad de sus finanzas.
Puede decirse que existe una infrafinanciación de Cataluña. Una premisa muy discutible, pero que aún aceptada plantea otra cuestión: Hay regiones más infrafinanciadas que han logrado mantener más saneadas sus finanzas públicas mediante una buena gestión y que ahora no verán un duro, porque nada deben al Estado. Hay que tener en cuenta que no todas las Comunidades deben al Estado, sólo aquellas que no podían financiarse en el mercado porque no tenían crédito, porque el mercado consideraba que estaban en el mismo nivel que el bono basura. Así ha estado Cataluña hasta 2021. Y como no podía financiarse en el mercado por la pésima situación de sus finanzas públicas, era el Estado el que respaldaba esos créditos.
Dicen en Cataluña que “España nos roba” Y lo dicen bajo la premisa de que aportan una importante recaudación de los impuestos y lo que reciben no está acorde con ese esfuerzo. Qué pasaría si un ciudadano, o una empresa se pusiese en el mismo plano y dijese “España nos roba”, aplazase los pagos, es decir, que el Estado fuera su acreedor y que finalmente reclamara al gobierno que le condonara esa deuda porque recibe menos de lo que aporta y el gobierno aceptara. Se pondría en cuestión el Estado social.
Si (
No(
