La principal exigencia de los abogados en huelga es la búsqueda de un trato justo por parte del Ministerio de Justicia, que implica un reconocimiento adecuado de su labor y la necesidad de establecer unas retribuciones dignas que reflejen la importancia y complejidad de su trabajo en el marco del turno de oficio.
Entre sus reivindicaciones también se encuentra la regulación jurídica del profesional del turno de oficio, la retribución de la totalidad de las actuaciones realizadas para las que son designados o el abono de los costes en los que incurra el abogado al prestar el servicio.
Según los convocantes, en Ciudad Real, durante el año 2022, el turno de oficio atendió a más de 12.600 asuntos de todo tipo, cobrando cada asunto a 148 euros de media. Una cantidad que los manifestantes consideran de "ridícula".
Uno de los abogados que se ha manifestado, Ángel Gómez Cambronero, en declaraciones a los medios de comunicación, ha criticado que sean los propios abogados quienes tengan que correr con los gastos de gasolina e ir con su propio vehículo en una provincia tan extensa como la de Ciudad Real.
Asimismo, ha puesto el acento en la carga financiera adicional de costearse las dietas, subrayando la necesidad de una compensación equitativa para los profesionales que prestan servicios esenciales en el sistema judicial.
Según Gómez Cambronero, esta movilización no solo refleja las preocupaciones individuales de los abogados en huelga, sino que también destaca la importancia de abordar las condiciones laborales y retribuciones en el ámbito del turno de oficio, un componente esencial para garantizar el acceso a la justicia de aquellos que no pueden costearse asesoramiento legal privado.
Tal y como han recordado los manifestantes durante la concentración, la labor de los abogados y procuradores del turno de oficio es clave para la justicia gratuita española, pues en la mayoría de los casos representan a aquellas personas que no tienen suficientes medios económicos para contratar uno de pago.
Por ello, esperan que el nuevo Gobierno de España y, en concreto, el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, cambie su posición y acepte todas las reivindicaciones que plantean los abogados del turno de oficio, "cumpliendo así con el mandato constitucional que obliga al Estado a ofrecer al ciudadano un servicio de defensa jurídica de calidad y gratuita".
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