De esta forma, el presidente del Gobierno aligera las funciones de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que asumirá desde ahora la Vicepresidencia Primera y, por tanto, la coordinación de la política económica.
Sánchez ha destacado, en una declaración institucional en Moncloa, que el nuevo departamento de Escrivá pasará a llamarse Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con el objetivo de aprovechar la digitalización para mejorar la calidad de los servicios públicos.
"Pretendemos reforzar nuestra apuesta por una Administración moderna, más ágil y eficiente y, para ello, debemos aprovechar la digitalización para mejorar la calidad de los servicios públicos", ha destacado Sánchez para justificar esta remodelación entre ministerios.
Escrivá será el encargado, por tanto, de liderar la interlocución con los sindicatos de la Función Pública y de llevar a cabo la transformación y modernización de la Administración Pública, aunque el reto más inmediato que tiene por delante es acometer la subida del salario de los funcionarios para el año 2024, que se incluirá en los Presupuestos del próximo año.
SUBIDA DEL SALARIO DE LOS FUNCIONARIOS
Según lo pactado con los sindicatos, que están molestos porque el Gobierno no ha incluido la subida salarial en el decreto ónmibus que aprobó este miércoles, el salario de los más de 3,5 millones de empleados públicos subirá en un porcentaje fijo del 2% con la llegada de 2024, que podrá elevarse en otro 0,5% adicional en función de la evolución del IPC armonizado (IPCA).
Así lo pactaron Gobierno, CCOO y UGT en el 'Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI' firmado en octubre de 2022 y en el que se contemplaba una subida salarial para el conjunto de los tres años de hasta un 9,5%.
Al frente de Función Pública, Escrivá deberá acometer también un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía sin cita previa obligatoria, garantizando unos horarios flexibles, y asegurando que la digitalización de los trámites administrativos no genere exclusión de colectivos, según los objetivos del Gobierno.
Además, se pretende garantizar por ley un tiempo máximo de respuesta en los servicios públicos y establecer un tiempo máximo de 30 días para la recepción de prestaciones sociales más importantes como la prestación por desempleo o a las ayudas a la dependencia.
El Gobierno quiere también acelerar la digitalización de las Administraciones Públicas y aprobar una nueva Ley de Función Pública de la Administración del Estado, ya acordada con los sindicatos.
Asimismo, Escrivá deberá culminar el proceso de estabilización de empleo temporal en las administraciones para consolidar un modelo de empleo público estable y de calidad, dando cumplimiento a la ley que establece un porcentaje máximo de temporalidad del 8% para el conjunto de los empleados de las Administraciones Públicas.
CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Recientemente, el Gobierno ha introducido medidas de refuerzo para evaluar el desempeño de todos los empleados públicos. En concreto, éstas entraron en vigor el pasado 21 de diciembre como parte de un Real Decreto-Ley mucho más amplio, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación.
En dicha norma, que ahora deberá desarrollar el departamento de Escrivá, se recogen cambios estructurales en el modelo de la Función Pública, con avances en la planificación estratégica de los recursos humanos y la incorporación de la evaluación del desempeño o nuevos sistemas de acceso.
En particular, el texto regula la evaluación del desempeño obligatoria, el procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento del personal, todo ello con el objetivo mejorar la productividad para, a su vez, mejorar la prestación del servicio público.
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