Las reacciones tanto del Partido Popular como del presidente de Castilla-La Mancha sobre la infrafinanciación de la Comunidad que se han producido ayer y hoy indican que algo se mueve en el tablero y que el nuevo modelo de financiación ya está en la agenda.
El último estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) sobre las propuestas de reforma del modelo de financiación autonómica recoge cómo la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha están infra financiadas en más de 3.277 millones de euros al año (315 en el caso concreto de Castilla-La Mancha). La breve reunión de los presidentes de estas regiones en Fitur (“una minicumbre, una especie de conjura de Fitur”, en palabras del presidente valenciano, Carlos Mazón), se saldó con un acuerdo: la petición de creación de un fondo anual de nivelación mientras se aprueba un nuevo modelo
En estas cuatro regiones viven 16.848.041 habitantes de los 41.339.799 que residen en las quince regiones financiadas por el modelo de régimen común. Traducida la situación a la realidad cotidiana es que esos 16.848.041 de españoles tienen unos servicios públicos infra financiados por el Estado. En paralelo, tres de esas cuatro regiones (Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha), figuran también a la cabeza en endeudamiento, porque han tenido que acudir a créditos para poder compensar las deficiencias en la financiación.
Lo que llama la atención es que esa reclamación de estas cuatro Comunidades se haya producido en estos momentos. Otros informes previos de FEDEA ya señalaban esta circunstancia de infrafinanciación de estas cuatro Comunidades. Hace cuatro años y medio, en agosto de 2019, clm21 publicaba la siguiente información: “Castilla-La Mancha está en el grupo de cuatro regiones españolas que tienen una financiación por habitante inferior a la media nacional. Todo ello, a pesar de ser una de las doce regiones receptoras de fondos por encima de sus aportaciones fiscales al Estado”. No ha sido la única información o comentario de nuestro medio sobre este problema.
El debate actual se produce precisamente en un momento en el que las fuerzas independentistas catalanas retoman el criterio de las balanzas fiscales para tener en cuenta la financiación, aún más que pretende un modelo particular similar al de las regiones forales vasca y navarra, que lo tienen reconocido en las Constitución.
De aplicarse el criterio que los separatistas catalanes negocian con el gobierno central, Castilla-La Mancha saldría aún más perjudicada, porque su aportación fiscal es deficitaria y eso afectaría a los servicios públicos que reciben, con menos dinero para financiarlos, mientras que Cataluña aumentaría su presupuesto.
En la actualidad, la financiación efectiva a competencias homogéneas se mide por habitante ajustado, una fórmula que tiene en cuenta a la población mayor de 65 o menor de 16 años, superficie de la Comunidad, dispersión e insularidad. Se entiende que las personas mayores precisan más de servicios sanitarios y sociales y los jóvenes de la educación. Son los tres servicios sociales básicos del Estado (junto a las pensiones) que gestionan las Comunidades Autónomas. De ahí esos criterios.
Castilla-La Mancha ha tratado de que tome mayor peso el criterio de dispersión, de densidad demográfica. De hecho, hace ya casi ocho años, la Consejería de Hacienda elaboró un estudio en el que cifró en 1.250 millones de euros anuales el sobrecoste de los servicios públicos en nuestra Comunidad por la dispersión geográfica, tanto por centros de salud, como educativos, sociales, transporte escolar, etcétera.
La infrafinanciación supone mayores dificultades de los ciudadanos de la región afectada a los servicios públicos. De ahí que el informe de FEDEA ponga negro sobre blanco y cifre en 3.277 millones las necesidades anuales para que estas cuatro regiones pudieran converger con el resto, aunque aún con ese dinero seguirían recibiendo menos dinero que el resto y seguirán siendo las cuatro peor financiadas y estarán por debajo de la media del sistema autonómico.
La denuncia del presidente García-Page ayer y la reunión con los presidentes populares de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia hoy, suponen una llamada de atención. Ahora es el momento de que todas las fuerzas parlamentarias de las cuatro regiones cierren filas y hagan causa común, porque lo que está en juego no es una bandera política, sino la calidad de los servicios públicos de casi diecisiete millones de españoles.
