El Gobierno de Castilla-La Mancha deniega a Unión de Uniones el reconocimiento como organización agraria más representativa

Así lo recoge una resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), y de la que ha informado Europa Press. El texto recuerda que la normativa autonómica fija tanto las condiciones necesarias para concurrir al procedimiento como los criterios que determinan la representatividad de estas entidades en el ámbito regional.

En aplicación de la ley, el departamento que dirige Julián Martínez Lizán abrió el proceso para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en Castilla-La Mancha, concediendo un plazo de un mes para la presentación de solicitudes y de la documentación acreditativa correspondiente.

Tras analizar la documentación aportada por Unión de Uniones, la Consejería concluye que la organización no cumple varios de los requisitos exigidos por la norma. Entre ellos, señala que la entidad no se constituyó al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, una de las condiciones recogidas en la legislación vigente.

Además, la resolución constata que Unión de Uniones no acredita una presencia activa en todas las provincias de Castilla-La Mancha ni ha aportado documentación que demuestre la existencia de sedes permanentes en cada una de ellas con una implantación y actividad efectiva. A ello se suma que la organización no dispone de una plantilla mínima de diez personas trabajadoras a tiempo completo contratadas en la región ni ha tramitado al menos 1.000 solicitudes de ayudas agrarias en convocatorias gestionadas por la administración autonómica.

A la vista de estos incumplimientos, la Consejería de Agricultura ha resuelto desestimar la condición de organización profesional agraria más representativa en Castilla-La Mancha a Unión de Uniones.

La resolución tendrá una vigencia de cinco años y, una vez superado este periodo, se mantendrá de forma transitoria hasta que se publique un nuevo reconocimiento que ponga fin al procedimiento que se incoe para medir la representatividad tras ese plazo. No obstante, el acuerdo no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.