La campaña electoral y el tenso clima político regional conforman el difícil escenario en el que el presidente del Gobierno, García Page, deberá llevar a cabo su anunciada ronda de conversaciones con los dirigentes de los partidos políticos parlamentarios y extraparlamentarios de cara al establecimiento de una posición común de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Un nuevo modelo que se negociará tras las elecciones del 26 de junio, por lo que, de establecerse una posición común, está será la que el gobierno regional deberá defender, con independencia del color del gobierno de la nación que resulte de las urnas.
Sin embargo, la presidenta del Grupo Popular, Ana Guarinos, ha anticipado a clm21.es que para valorar esa convocatoria, lo primero que tendría que hacer el Gobierno es poner su propuesta encima de la mesa” y ha recordado que el modelo, aprobado en el 2009, es de la época en la que el PSOE estaba al frente de los gobiernos nacional y de Castilla-La Mancha. De ello se deduce que el PP no facilitaría una foto al líder regional del PSOE en plena campaña electoral para una cuestión que será negociada por el nuevo Gobierno dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Lo que está en juego con el nuevo modelo es el futuro de los ingresos públicos de Castilla-La Mancha y, por tanto, de la capacidad de gasto para impulsar la economía y las políticas sociales, con independencia del partido que esté al frente de gobierno. Durante la pasada legislatura, el gobierno de María Dolores Cospedal logró atraer mayor financiación extraordinaria que otras regiones con mayor población, como es el caso de la vecina Comunidad de Madrid. En el caso del Gobierno de García-Page, se va a encontrar con mayores ingresos provenientes de la liquidación anual que hace el Estado por un mejor comportamiento de la recaudación del IVA y de la Renta en 2014 y 2015. De lo que se trataría en el nuevo modelo es de establecer un modelo ordinario que permita la suficiencia financiera de Castilla-La Mancha y del resto de regiones españolas.
El anterior gobierno del PP atrajo más financiación autonómica que Madrid
Hasta la fecha, todos los partidos y todos los territorios han renegado del sistema de financiación autonómico en vigor desde 2009. Incluso el propio Ministerio de Hacienda reconoce su debilidad y la necesidad de mejorarlo. La situación se ha agravado con los límites de déficit público establecidos por la Unión Europea para el conjunto de nuestro país. Estos límites, incumplidos por la mayoría de las Comunidades Autónomas, a pesar de un mejor comportamiento de los ingresos públicos en 2014 y 2015, han obligado a establecer condiciones particulares de obligado cumplimiento para todas las regiones incumplidoras. En el caso de Castilla-La Mancha, el Ministerio ha obligado a nuestra Comunidad a retener 25 millones como previsión. Esa cuantía se iría liberando según los comportamientos mensuales del déficit de Castilla-La Mancha.
Las Comunidades autónomas tienen una doble vía de financiación. Por un lado, la recaudación a través de los tributos cedidos. Estos se dividen a su vez en dos grupos: los gestionados por el Estado y sujetos a liquidación, como son IVA, IRPF 850 por ciento) e impuestos especiales (58 por ciento) y, los de gestión directa, cuyo grueso son: actos jurídicos, transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones. Por el otro las transferencias del Estado.
El Estado envía fondos a las regiones por cuatro vías diferentes: El Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), que también son financiados con fondos propios de cada Comunidad, el Fondo de Suficiencia Global (que debe garantizar la financiación de las competencias transferidas), el Fondo de Cooperación (para equilibrar y armonizar el desarrollo regional) y el Fondo de Competitividad (que reduce la diferencia de financiación per cápita).
Una de las claves de la discordia y del rechazo de las Comunidades Autónomas está en las variables empleadas para determinar el Fondo de Garantía de los Servicios, que es el que más recursos aporta a la financiación de las Comunidades. El dato que más pondera es el de población. El total de población representa un 30 por ciento. Luego los segmentos por edades van conformando otros porcentajes. Así, la población entre 0 y 16 años, es decir la que está en edad educativa, representa un 20,5 por ciento adicional, la de mayores de 65 años, un 8,5 por ciento y el resto de grupos de edad, un 38 por ciento.
La superficie del territorio pondera un 1,8 por ciento y la dispersión un 0,6 por ciento.
El consejero de Hacienda, Ruíz Molina, se ha mostrado partidario de que la dispersión y la extensión territorial pondere con mayor porcentaje, por el mayor coste que conlleva la prestación de servicios en una Comunidad muy extensa y con poca densidad de población. A este respecto y sin entrar a valorar la conveniencia o no de este criterio, la presidenta del Grupo Popular, Ana Guarinos, ha apuntado que si el consejero considera que los criterios de dispersión deben ponderar más “sería bueno que aplicase los mismos criterios cuando distribuye los fondos de los Programas de Desarrollo Rural”.
Lo que se calla es que, además nuestra Comunidad ha ido perdiendo población de forma sucesiva en los últimos cuatro años. En concreto Castilla-La Mancha ha perdido 51.033 habitantes, en el periodo 2012-2015 lo que representa un 2,42 por ciento.
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